El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves 24 de septiembre de 2026 el proyecto de Ley Orgánica de Aviación Civil, una normativa que busca actualizar el marco jurídico del sector aeronáutico tras casi dos décadas de vigencia de las reglas anteriores. Con 88 votos a favor, provenientes principalmente de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y aliados independientes, el legislativo dio luz verde al texto que ahora pasará a manos del Ejecutivo para su objeción o sanción definitiva.
La nueva propuesta legal unifica las disposiciones que anteriormente se encontraban dispersas entre la Ley de Aviación Civil y el Código Aeronáutico (vigentes desde 2007). El cambio busca acoplar la normativa interna a las exigencias de la tecnología actual y a las directrices de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Durante el debate parlamentario, la oposición legislativa de la Revolución Ciudadana (RC) votó en contra con 60 voluntades, mientras que el Partido Social Cristiano (PSC) optó por la abstención.
Apertura a la inversión y conectividad
Uno de los puntos clave del proyecto de ley es la viabilidad de delegar, de forma excepcional, los servicios aeroportuarios al sector privado. De acuerdo con las autoridades legislativas, esta medida busca reactivar la infraestructura del país, ya que de los 22 aeropuertos existentes en el territorio ecuatoriano, cerca de 10 no registran operaciones comerciales recurrentes en la actualidad.
La legisladora Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, defendió la aprobación argumentando que el nuevo cuerpo legal servirá para atraer aerolíneas internacionales, incentivar la competencia y mejorar los modelos de gestión aeroportuaria en las provincias. Por su parte, la Dirección General de Aviación Civil detalló que la modernización también simplificará los procesos de tramitología burocrática y fortalecerá la política nacional de cielos abiertos.
Control de nuevas tecnologías
Además de la reestructuración aeroportuaria, el estatuto introduce nuevas reglas operativas y de control civil para el uso de drones comerciales y privados dentro del espacio aéreo.
Tras superar este segundo debate, el Ejecutivo tendrá un plazo constitucional de 30 días para evaluar el documento y decidir si realiza observaciones parciales o procede con la promulgación de la ley en el Registro Oficial. (I)