La Fiscalía General del Estado de Ecuador investiga un presunto entramado de lavado de activos dentro del denominado Caso Laberinto, el cual vincula el financiamiento de la campaña presidencial de Luisa González en 2023 con fondos manejados por empresas del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez.
De acuerdo con las indagaciones judiciales, el Ministerio Público rastrea más de USD 725.000 supuestamente ligados a Alvarez que habrían ingresado de forma irregular a las cuentas electorales del binomio de la Revolución Ciudadana.
El origen del dinero y el giro del caso
El proceso legal, que inicialmente se abrió bajo la figura de concusión por un reporte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), cambió radicalmente su tipicidad a lavado de activos tras cruzarse información clave con los casos Triple A y Goleada. En estas últimas causas, Alvarez es indagado por la presunta comercialización ilegal de combustibles.
El punto de quiebre en la investigación ocurrió tras la explotación de los dispositivos electrónicos de José Cevallos, exfinanciero de las empresas de Alvarez y actual cooperador de la justicia. En su testimonio oficial, Cevallos reveló que el alcalde de Guayaquil dispuso que su empresa Ternape —implicada en el desvío de combustibles— entregara un primer rubro de USD 300.000 en efectivo y material publicitario para la campaña de González. Fiscales y peritos estiman que el movimiento total de fondos ocultos y no reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) ascendería a sumas que oscilan entre los USD 500.000 y superarían los USD 725.000.
Detenciones y fases del proceso
El avance de la indagación penal provocó un fuerte sismo político con la detención de Luisa González en Canuto, provincia de Manabí, para fines de formulación de cargos. Junto a ella, la Fiscalía indaga el rol de siete personas más, entre las que constan:
- Estefanía Molina Freire: Responsable del manejo económico oficial de la campaña de 2023.
- Santiago Díaz Asque: Jefe de campaña electoral.
- Wendy Onofre: Exfuncionaria municipal de Guayaquil y dirigente política que se entregó voluntariamente a las autoridades.
Mientras la defensa de los procesados y el movimiento Revolución Ciudadana aducen que el proceso responde a una «persecución política», la Fiscalía General avanza en la recolección de pruebas financieras, contratos de propaganda no reportada y chats de mensajería para esclarecer el ingreso y blanqueo de estos capitales en la contienda electoral del 2023. (I)
