El entramado judicial denominado caso Laberinto ha tomado un giro radical tras la incorporación formal como colaborador de José Ricardo Cevallos Avellán, exgerente financiero de la red empresarial de la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. Cevallos, quien ya mantiene una sentencia condenatoria en el caso «Triple A» y actúa como cooperador eficaz en el caso «Goleada», entregó dispositivos clave que revelan un presunto esquema de lavado de activos orientado a financiar de forma irregular la campaña presidencial de la Revolución Ciudadana (RC) en 2023.
De acuerdo con los reportes de la Fiscalía General del Estado, la investigación previa mutó hacia el delito de lavado de activos tras la extracción pericial de dos teléfonos celulares y una computadora portátil aportados por el testigo protegido. En dichos equipos se evidenciaron conversaciones de junio a octubre de 2023 donde presuntamente se coordinaban desvíos de fondos no reportados al Consejo Nacional Electoral (CNE).
El mecanismo paralelo del dinero ilegal
La hipótesis fiscal sostiene que, de manera paralela a los USD 201.360 declarados formalmente ante el CNE, la organización política habría movilizado entre USD 500.000 y USD 725.933 de origen ilícito provenientes de la comercialización ilegal de hidrocarburos, actividad ligada al caso «Triple A».
La pieza central del esquema corporativo habría sido la compañía Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A.. Las indagaciones señalan que los recursos habrían circulado mediante dos modalidades principales:
- Transferencias directas a proveedores: Pagos bancarios ejecutados por Ternape para cubrir publicidad electoral. Según las pruebas de la Fiscalía, se emitían proformas a nombre del partido político, pero las facturas finales salían a nombre de la empresa petrolera, con instrucciones específicas de omitir la palabra «campaña» para desvincular los pagos de su destino electoral.
- Emisión de cheques al portador: Cobros masivos diseñados para transformar el dinero bancario en efectivo líquido. Este capital se habría destinado al pago de brigadistas, logística y material publicitario como camisetas durante la primera y segunda vuelta electoral.
Los chats extraídos muestran que se fijaron instrucciones expresas de mover hasta USD 300.000 en efectivo por disposición directa del remitente identificado como «Aquiles Alvarez 1».
Consecuencias judiciales inmediatas
El caso escaló con rapidez tras los operativos realizados en Pichincha y Manabí, provocando la captura de la excandidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, y de otras tres personas. Al cierre de la audiencia de formulación de cargos dirigida por el juez Henry Navarrete, se dictó prisión preventiva para González, así como para Joseph Santiago D. A. (exasambleísta y cooperador vinculado) y Wendy Lorena O. G..
Por su parte, Estefanía Elizabeth M. F., responsable del manejo económico de la campaña, recibió medidas sustitutivas que incluyen la prohibición de salida del país, presentaciones periódicas y el uso de un dispositivo de vigilancia electrónica. [1]
Mientras las autoridades judiciales profundizan en la etapa investigativa, líderes de la agrupación política han calificado las medidas como una «persecución electoral», mientras que el frente del Gobierno enfatiza que la transparencia en el gasto político es indispensable para la salud democrática del país. (I)
