Ciudad de Panamá. A las nueve de la mañana de este miércoles 28 de octubre, la comitiva del sistema interamericano dio inicio en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) a la audiencia pública sobre la Situación de la independencia judicial en Ecuador, dentro del 197.º Período de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Presidida por el titular del organismo, Edgar Stuardo Ralón Orellana, la sesión sirvió de plataforma para contrastar el severo diagnóstico de la sociedad civil con las medidas de contención articuladas por la representación estatal.
En la primera mitad de la audiencia, la vocería de las organizaciones peticionarias ofreció un panorama cruzado por presiones gubernamentales, violencia física y debilitamiento institucional.
María Dolores Miño Buitrón, directora ejecutiva del Observatorio de Derechos Y Justicia (ODJ Ecuador), encabezó la exposición con cifras sobre la seguridad de los operadores del sistema de justicia. Miño detalló que el registro de su entidad contabiliza hasta la fecha 52 atentados directos y 31 homicidios o víctimas mortales entre jueces, fiscales y funcionarios del aparato judicial en territorio ecuatoriano.
Señaló además la existencia de narrativas públicas e intervenciones oficiales dirigidas a deslegitimar las resoluciones de magistrados que fallan en sentido opuesto a la línea del Ejecutivo, tildándolos sistemáticamente de afines a la delincuencia organizada.
Vía disciplinaria, represalias
Por parte de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), tomó la palabra Úrsula Indacochea, directora del Programa de Independencia Judicial. Indacochea argumentó que existe un patrón donde la vía disciplinaria y administrativa se instrumentaliza como mecanismo de represalia.
Hizo hincapié en la aplicación de causales como el «error inexcusable» o las evaluaciones extraordinarias de desempeño para suspender o destituir a jueces de manera arbitraria, citando casos recientes como las desvinculaciones de los magistrados Ivonne Núñez y Francisco Morales.
Sostuvo que esta dinámica produce un «efecto inhibidor» que socava la autonomía de toda la Función Judicial.
A la articulación técnica se sumó la representación del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), encabezada por su directora ejecutiva, Viviana Krsticevic.
La jurista remarcó que las garantías de independencia no constituyen prerrogativas personales de los jueces, sino derechos de la ciudadanía a recibir tutela judicial impertérrita ante causas de corrupción, delincuencia organizada y violaciones a derechos fundamentales.
En el balance de alegatos, las organizaciones civiles citaron situaciones de alto impacto, entre ellas el avance de procesos de exilio forzado para magistrados amenazados —cuyos nombres se mantuvieron en estricta reserva por motivos de seguridad— y el estado de causas emblemáticas como el denominado caso de «Las Malvinas» y el procesamiento internacional del caso Luis García por violaciones cometidas bajo custodia militar.
La réplica del Estado: protocolos de contención y unidades de alerta
Tras la intervención de la sociedad civil, la delegación oficial del Estado ecuatoriano, integrada por representantes técnicos de la Función Judicial y el Consejo de la Judicatura, tomó el uso de la palabra para argumentar las medidas adoptadas por la administración institucional.
Los voceros del Estado defendieron que las decisiones disciplinarias responden a procesos reglamentados orientados a la depuración interna frente a la penetración de estructuras delictivas y actos de corrupción dentro del sistema de administración de justicia.
Asimismo, frente a las alertas de violencia presentadas por el ODJ, la representación técnica del Consejo de la Judicatura expuso que se han puesto en marcha acciones inmediatas de contingencia, tales como:
- Protocolos de teletrabajo de emergencia: Mecanismo aplicado a fiscales y jueces que operan en provincias o zonas clasificadas de alto riesgo de violencia criminal.
- Unidades de Alertas Tempranas: Esquemas de monitoreo interinstitucional diseñados para detectar presiones e intromisiones en despachos que tramitan procesos de alta sensibilidad vinculados al crimen organizado y causas de Estado.
Observaciones de la CIDH y solicitudes finales
Al término de las intervenciones, el presidente de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, subrayó la relevancia de la independencia del sistema judicial como columna estructural de la democracia representativa y la vigencia del Estado de derecho. El organismo instó a la representación ecuatoriana a asegurar concursos de selección de autoridades judiciales transparentes, basados estrictamente en el mérito y blindados de toda interferencia política, así como a fortalecer la efectividad de las medidas de protección a magistrados en funciones.
Antes del cierre del bloque, la coalición peticionaria formuló formalmente dos peticiones al pleno de la CIDH:
La realización de una visita in loco (de inspección y trabajo en el territorio) a Ecuador para auditar de forma directa el estado de las garantías judiciales y el espacio cívico.
Elaboración de un informe temático especializado con recomendaciones de estricto cumplimiento para el Estado ecuatoriano.
