El U.S. Department of Justice (DOJ) emitió un pronunciamiento contundente tras concretarse las extradiciones de Daniel Salcedo, Ronald Herrera y Francisco Manuel Bermúdez Cagua, alias «Churrón». El organismo norteamericano calificó el operativo conjunto como una muestra de cooperación transnacional sin precedentes, señalando que esta última entrega representa la octava extradición efectuada de Ecuador a Estados Unidos en lo que va de 2026, duplicando así los registros históricos de cooperación judicial bilateral.
A través de canales oficiales y en coordinación con la Embajada de los EE. UU. en Ecuador, el Departamento de Justicia enfatizó que al poner a buen recaudo a estos individuos se logra «eliminar una fuente clave de influencia criminal y terrorista» en la región, enviando un mensaje claro de que no habrá refugios seguros para el crimen organizado.
Golpe a la estructura de Los Choneros
De manera específica, fiscales federales y agencias como la Administración de Control de Drogas (DEA) se refirieron a la recepción de alias «Churrón», identificado como un cabecilla de alto rango de la banda criminal Los Choneros. El fiscal federal Joseph Nocella afirmó que este traslado constituye un golpe directo a la cúpula de la organización transnacional. Por su parte, el administrador de la DEA, Terrance C. Cole, celebró el fortalecimiento de la alianza con el gobierno ecuatoriano: [1]
«La relación con nuestros socios internacionales es más sólida que nunca. Juntos, seguiremos llevando ante la justicia a los narcotraficantes, dondequiera que operen en el mundo», puntualizó Cole.
Bermúdez Cagua enfrenta severos cargos en el Distrito Este de Nueva York por conspiración internacional para distribuir cocaína y uso de armas de fuego de grueso calibre, delitos que podrían acarrearle desde 20 años de prisión hasta una condena de cadena perpetua.
El destino de Salcedo y Herrera en Nueva York
Paralelamente, el DOJ ratificó que Daniel Salcedo y el expolicía Ronald Herrera comparecerán ante cortes federales del Distrito Sur de Nueva York. Ambos enfrentan acusaciones formales por presunta conspiración para importar narcóticos y delitos conexos con el uso de armamento. En el caso particular de Salcedo, el expediente estadounidense suma además el cargo de lavado de activos. La justicia norteamericana recordó que, si bien en Ecuador los implicados mantienen procesos activos y condenas pendientes (incluyendo indagaciones por el magnicidio de Fernando Villavicencio), los plazos de prescripción de sus penas en el país andino quedarán legalmente suspendidos mientras respondan ante los tribunales estadounidenses.
Un cambio de paradigma legal
Este acelerado ritmo en las entregas, que ya suma nueve personas bajo la actual gestión gubernamental (contando expulsiones y extradiciones desde 2025), ha sido viable gracias a la reforma del artículo 79 de la Constitución de Ecuador, aprobada por la ciudadanía en el referéndum de abril de 2024. Dicha modificación destrabó la prohibición legal de extraditar a ciudadanos nacidos en suelo ecuatoriano, abriendo una ventana judicial que el DOJ estadounidense pretende continuar aprovechando a mediano plazo.
Las autoridades del Ministerio del Interior de Ecuador adelantaron que la cooperación no se detendrá con este operativo, anticipando que al menos dos o tres solicitudes de extradición adicionales presentadas por los Estados Unidos podrían completarse antes del cierre del año en curso. (I)
