Mientras las intensas lluvias continúan azotando a gran parte del territorio ecuatoriano, la indignación ciudadana crece en las zonas más golpeadas. Habitantes de sectores inundados y organizaciones sociales denuncian que las autoridades competentes no han entregado cifras oficiales desagregadas ni censos reales sobre el impacto humano directo que sufren sus comunidades, obligándolos a gestionar la emergencia bajo la total incertidumbre.
El balance general más reciente de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reporta a nivel macro más de 36,000 personas afectadas a escala nacional en lo que va de esta temporada invernal. No obstante, líderes comunitarios de las provincias más críticas apuntan a que estas estadísticas están desactualizadas o no reflejan la magnitud del desastre en las áreas periféricas.
Brecha entre el monitoreo estatal y el territorio
A nivel central, los reportes se gestionan mediante informes de situación estandarizados (SitRep). Pese a estos mecanismos de control institucional, los colectivos vecinales reclaman que ni los delegados ministeriales ni los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales han pisado las calles anegadas para realizar los levantamientos de fichas socioeconómicas indispensables.
«Los canales oficiales publican tablas generales de provincias enteras, pero no nos dicen cuántas familias se quedaron sin hogar en nuestros barrios», criticó un morador del norte de Guayaquil, una de las urbes costeras donde los desbordamientos de zanjas y ríos mantienen bajo el agua a decenas de cooperativas de vivienda. La ausencia de un conteo verídico bloquea el flujo eficiente de la ayuda humanitaria básica, como donaciones de alimentos y albergues temporales.
Provincias en el limbo estadístico
Las mayores quejas por la falta de transparencia o el retraso en el procesamiento de datos provienen de las zonas rurales y urbano-marginales de:
- Guayas y Esmeraldas: Donde las inundaciones concentran los mayores estragos, pero las familias deben evacuar por su cuenta sin asistencia técnica.
- El Oro y Los Ríos: Zonas agrícolas severamente anegadas donde aún se desconocen las pérdidas reales en los hogares de pequeños agricultores.
La respuesta política ante la crisis
La magnitud del impacto invernal obligó incluso a pronunciamientos del Ejecutivo. En declaraciones recientes a medios locales, el presidente Daniel Noboa reconoció el panorama crítico al plantear la suspensión de multas electorales en zonas devastadas, señalando que «si tu barrio está bajo el agua… salir es prácticamente imposible». Pese al reconocimiento político del problema, las familias afectadas coinciden en que la prioridad estatal debería centrarse en destinar personal técnico para cuantificar los daños y restaurar la infraestructura.
Con alertas meteorológicas vigentes emitidas por el INAMHI para los próximos días, la población afectada exige que se transparente la información local. Advierten que ignorar el volumen real de damnificados profundiza la crisis sanitaria y perpetúa el abandono del Estado en los sectores vulnerables. (I)
