Francisco Manuel Bermúdez Cagua, conocido bajo el alias de ‘Churrón’ y señalado como uno de los cabecillas de la organización delictiva Los Choneros, compareció ante la Corte del Distrito Este de Nueva York tras su reciente extradición desde Ecuador. Durante la audiencia inicial, el procesado se declaró no culpable de los tres cargos federales que enfrenta, de acuerdo con los registros judiciales del caso.
Bermúdez Cagua es acusado por la justicia estadounidense de dos delitos relacionados con la distribución internacional de cocaína y un cargo adicional por el uso de armas de fuego para facilitar actividades de narcotráfico. De ser hallado culpable en un eventual juicio, la pena que arriesga oscila entre un mínimo obligatorio de 20 años de prisión y la cadena perpetua. [1, 2, 3]
Prisión preventiva y estrategia legal
La jueza federal Peggy Kuo ordenó la medida de prisión preventiva sin derecho a fianza, al determinar que existe un alto riesgo de fuga debido a los antecedentes de violencia del acusado y la gravedad de las imputaciones.
Pese a la declaración formal de inocencia (un paso habitual en el sistema judicial estadounidense para ganar margen de maniobra legal), los reportes de prensa confirman un giro en la estrategia de la defensa. El mismo día de la comparecencia, tanto la Fiscalía de los Estados Unidos como los abogados de alias ‘Churrón’ presentaron una solicitud conjunta para congelar los plazos procesales. El argumento técnico expuesto se basa en la complejidad de la causa y, fundamentalmente, en que ambas partes se encuentran negociando activamente un acuerdo de culpabilidad o cooperación que evite ir a juicio.
Contexto de la extradición
Alias ‘Churrón’ arribó a suelo estadounidense el pasado 29 de octubre en un vuelo oficial de extradición dispuesto por el gobierno ecuatoriano. En el mismo traslado fueron enviados Daniel Salcedo —sentenciado por corrupción y procesado en el caso del magnicidio de Fernando Villavicencio— y el expolicía Ronald Herrera.
El tribunal de Brooklyn ha fijado una audiencia de estado para el próximo 27 de enero de 2027, fecha en la que se evaluará el progreso de las negociaciones de acuerdo entre el procesado y los fiscales federales. (I)
