Es el método que se piensa utilizar para demoler el edificio del MAGAP en Guayaquil y parece ser el mismo método que se está utilizando para afectar a la agricultura en su conjunto. La sombra que hasta hoy produce este edificio es lo último que nos queda de la época de oro agrícola en el país, donde según las declaraciones del Presidente, en Radio Canela, existen “áreas donde falta todo por hacer, que todavía no hemos consolidado: el sector agrícola”.
Tendríamos que precisar: no es que no se haya invertido en este campo, sólo que el dinero no lo soluciona todo. Hemos pasado por cinco ministros en esta administración y aún no se logra encontrar el rumbo.
En un ambiente de competencia, más empresas concurren con el mismo producto o servicio y los precios suelen bajar mientras la calidad sube. Tal es la premisa en que se basan las leyes antimonopolio cuando tienen el interés del consumidor por delante. En economías como la ecuatoriana, la mayor restricción a la competencia y, por lo tanto, al interés del consumidor se llama Estado. Sus productos son pésimos, como lo son casi invariablemente los productos de las empresas estatales en cualquier país por razones obvias, la primera de las cuales es la influencia política a la que están sometidas.
El Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (Ildis) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) realizaron los días 8 y 9 de septiembre pasados, en Quito, un foro sobre «Economías ilegales y seguridad ciudadana», en el que participaron expertos nacionales e internacionales sobre el tema. Una de las conclusiones más importantes, como mostraron desde sus diferentes enfoques Fernando Carrión, Bruce Bagley y Francesco Forgione, es que la globalización no es solamente la dimensión planetaria del comercio y de las comunicaciones, sino también de la violencia organizada por bandas o mafias internacionales que operan en búsqueda de los grandes réditos económicos que implican el narcotráfico, la trata de personas, la venta ilegal de órganos y de armas, la piratería y los delitos tecnológicos.
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