Los sucesos del pasado 8 de marzo son un buen termómetro para medir la poca democracia que nos queda en Ecuador. Indígenas y opositores organizan una marcha. Inmediatamente son satanizados como “desestabilizadores” por el discurso oficial. La agencia oficial Andes califica la protesta como “intentona golpista”. Nada menos que el Presidente —que nos gobierna a todos— convoca a una contramarcha para “defender la democracia”. Una universidad estatal obliga a sus estudiantes a atender el llamado del Presidente. Los medios de transporte para la oposición son sistemáticamente bloqueados: la Agencia Nacional de Tránsito prohíbe que los opositores se trasladen en buses a Quito. Donde, al mismo tiempo, se dirigen 60 buses repletos de 3.000 manifestantes a favor de Alianza País.
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