Gobierno busca cambiar formación de militares para lucha contra el crimen

Ecuador quiere involucrar a los militares en la lucha contra el crimen y la delincuencia sin descuidar su responsabilidad en la seguridad externa, algo para lo que debe cambiar su formación, recalcó este jueves el propio Gobierno, mientras algunos expertos alertaron de los riesgos de esa estrategia.

El ministro de Defensa, Miguel Carvajal, informó hoy de un proyecto para entrenar a 4.000 policías militares para apoyar «en el combate al crimen organizado y protección de los ciudadanos» y aclaró que con ello «no se pretende sustituir a la Policía o quitarle funciones».

De hecho, grupos de soldados patrullan las calles en ciertas localidades del país desde noviembre de 2010.

Pero Francisco Huerta, expresidente de la Comisión que investigó el bombardeo colombiano a un campamento guerrillero en territorio ecuatoriano en 2008, cuestionó que cada vez que hay un problema se acuda a los militares.

«A mí no me gustan las Fuerzas Armadas dedicadas a otra cosa que no sea su misión porque podrían estarse convirtiendo en la fuerza de represión del Gobierno para sus afanes totalitarios», añadió Huerta, quien en 2009 advirtió del «riesgo» de que en este país andino se instale una «narcodemocracia».

Hay quienes consideran que los militares no tienen la formación necesaria para combatir la delincuencia, pero el presidente de Ecuador, Rafael Correa, no ve en eso un obstáculo.

«Si es necesario cambiar visiones, estrategias, tácticas, formación, capacitación, debemos hacerlo», dijo ayer Correa.

Ricardo Camacho, experto en Seguridad Ciudadana y Relaciones Internacionales, dijo a Efe que las Fuerzas Armadas tienen una doctrina especial, dirigida a combatir un enemigo en un conflicto armado, una misión que es diferente de la policial.

«Es fundamental que Ecuador aprenda de los errores, tal vez fatales, que tuvieron algunos países en Centroamérica y México, y no poner los muertos que ya pusieron otros países», indicó Camacho.

El empleo de las fuerzas armadas contra el crimen ha aumentado en los últimos años en América Latina, lo que ha sido criticado por algunas organizaciones de derechos humanos.

Por ejemplo, la estadounidense Human Rights Watch señaló en enero que las fuerzas de seguridad mexicanas han cometido violaciones de los derechos humanos y que los militares gozan de impunidad en esos casos, algo que rechazó la Secretaría de Gobernación (Interior) de ese país.

Para Camacho, creer que porque los militares ecuatorianos tienen uniforme y fusil pueden salir a hacer seguridad ciudadana y combatir el crimen es «ir a una guerra perdida».

Los soldados han colaborado en control de armas y patrullajes, recordó el experto, quien sostiene que «no todos pueden ser policías militares» y antes deben hacerse, entre otras, pruebas psicológicas para trabajar en esas funciones.

Consideró que las Fuerzas Armadas de Ecuador son «muy profesionales» para el tema de defensa externa y «podrían colaborar en el tema de seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado, pero antes hay que diseñar un concepto de nueva doctrina».

El propio Carvajal apuntó en esa misma dirección al resaltar que los militares ya tienen una doctrina de lo que «se llamaba antes la seguridad interna, pero las nuevas condiciones que vive el país y la región obligan a adecuar, evidentemente, también doctrinas».

«Lo que se trata es de coadyuvar a todas las instituciones para enfrentar los riesgos, las amenazas del crimen organizado y la delincuencia en el marco que la ley lo permite», añadió.

El tema volvió al debate después de que ayer Correa defendiera la acción de los militares de su país en el combate a la inseguridad y puntualizó que esa no es sólo tarea de la Policía.

«La principal preocupación de nuestra gente es la inseguridad ciudadana y para combatirla requerimos de nuestras Fuerzas Armadas», dijo en la ceremonia de toma de posesión del nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Leonardo Barreiro.

Los militares «no sólo pueden» apoyar la lucha contra la delincuencia, sino que, de acuerdo a la Constitución, «deben hacerlo» por ser una institución «de protección de derechos, libertades y garantías ciudadanas», remarcó el jefe del Estado. EFE