Paraguay soberano

Editorial del diario Folha de Sao Paulo
Sao Paulo, Brasil

La Corte Suprema de Justicia de Paraguay ayer rechazó el pedido del  ex presidente Fernando Lugo para declarar inconstitucional el fulminante proceso de juicio político por el cual el Congreso lo destituyó, entre el jueves y el viernes pasado.

Con la decisión, caen por tierra las pretensiones de invalidar la posesión del vicepresidente Federico Franco como sucesor constitucional. También ayer Tribunal Electoral del vecino país rechazó la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales previstas para abril de 2013.

No hay duda de que la destutución de Lugo se llevó a cabo en clara restricción del derecho de defensa, cuya ejercicio se limitó a sólo dos horas de argumentos ante los parlamentarios. Desafortunadamente, sin embargo, la Constitución paraguaya no reglamenta este importante aspecto.

Sólo requiere que el proceso sea aprobado por dos tercios de la Cámara y la destutución se produce si así lo deciden los dos tercios del Senado (límites ampliamente superados en las votaciones que consumaron la destitución).  Como causal para destituir a un Presidente en Paraguay, basta la afirmación genérica de que ha incurrido en «mal desempeño de sus funciones.»

Elegido en una plataforma izquierdista, el ex obispo católico Fernando Lugo encabezó un gobierno populista y errático, perjudicado por la conducta personal del mandatario, obligado a reconocer hijos en escandalosos procesos de paternidad. 

Pero la razón principal del fracaso fueron los desastrosos efectos de la crisis económica en el Paraguay, cuyo producto interno se contraerá 1,5% este año. La popularidad presidencial se desvaneció rápidamente, por lo que se volvió posible reunir  esa inmensa mayoría del Congreso que provocó su caída..

Por afinidad ideológica – mayor en Argentina, menor en Brasil y Uruguay – los gobiernos del Mercosur han decidido suspender la presencia de Paraguay en la reunión del organismo, que culminará el próximo viernes, cuando estudien posibles sanciones contra el nuevo gobierno en Asunción.

Este comportamiento es injustificable. Las cláusulas democráticas establecidas por el Mercosur y la Organización de Estados Americanos (OEA) se aplican a violaciones graves de orden constitucional. Incluso si la destitución de Lugo fuera criticable, las instituciones paraguayas han operado de acuerdo con las leyes de ese país.

Con una triste historia de interferencia en la política interna de Paraguay, un país que mantiene relaciones de dependencia económica en relación a Brasil, lo mejor que Itamaraty tiene que hacer es callar y respetar la soberanía del vecino.