La agencia de medición de riesgo Fitch advirtió del impacto negativo sobre la banca ecuatoriana de dos cambios legales que, a su juicio, podrían reducir su capacidad de competir con entidades de otros países latinoamericanos.
El primero es la prohibición de cobrar por ciertos servicios, como la entrega de los balances de cuenta y la emisión y renovación de tarjetas de crédito.
El Gobierno del presidente, Rafael Correa, de izquierda, mantiene que es un alivio para los depositantes ante el aumento de los beneficios de las entidades financieras privadas en los últimos años.
El segundo cambio legal es la obligación de los bancos, sus directores y accionistas principales de vender participaciones en empresas en sectores ajenos al financiero.
Esa norma fue aprobada el año pasado por los ecuatorianos en una consulta popular propuesta por el Ejecutivo.
Como resultado, los bancos ecuatorianos están forzados a vender sus participaciones en empresas de seguros y de fondos de inversión antes del próximo domingo, según Fitch.
En una nota en su página web, la empresa de medición de riesgo auguró que debido a esas normas el sector «se enfrentará al desafío de mantener a largo plazo las mejoras en rentabilidad logradas en 2011«.
A su juicio, el mayor impacto sobre los balances de los bancos vendrá por la eliminación del cobro de los servicios.
En cambio, el efecto a corto plazo de la venta obligada de los activos será «débil» para los grandes bancos porque se prevé que la mayoría obtenga al menos su valor nominal y porque el volumen de esas operaciones es pequeño, explicó.
Sin embargo, a largo plazo la medida «podría afectar la capacidad de los bancos de competir con otros bancos regionales de América Latina», añadió.
Fitch dijo que los bancos ecuatorianos grandes, con operaciones diversificadas en el extranjero, «están en una posición mejor para responder a este reto».
La Asociación de Bancos Privados de Ecuador (ABPE) ha garantizado la solidez del sistema bancario del país, pero ha advertido de que los cambios legales debilitarán la base patrimonial de las entidades y ralentizarán la expansión del crédito.
Fitch no comentó en su nota una nueva ley hipotecaria que según la ABPE también reducirá el ritmo de crecimiento del volumen de préstamos.
La norma prevé la cancelación de ciertas hipotecas con la entrega del inmueble, como una forma de evitar la situación existente en España, donde la deuda se mantiene en la mayoría de los casos.
La ley se aplica a personas que tienen un crédito para la compra de una única vivienda familiar que no exceda 500 salarios básicos (146.000 dólares al nivel actual).
En España, que pasa por una grave crisis económica, la entrega de la vivienda no acaba con la deuda si ésta es mayor que el valor del inmueble, por lo que la persona afectada debe responder con otros bienes.
La ley ecuatoriana también se aplica a personas que adquieran un crédito de hasta 100 salarios básicos para adquirir un único vehículo de uso familiar o personal (29.200 dólares). EFE