¿Hubo golpe de Estado en Paraguay?

Por Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

Mucha tinta ha corrido ya sobre la reciente destitución del presidente Fernando Lugo por una decisión abrumadoramente mayoritaria, pero sorprendentemente veloz, del Senado paraguayo. Muchos adjetivos y reacciones —en su mayoría de condena— han surgido en torno a este súbito cambio en el poder. ¿Quién tiene razón? ¿Fue un golpe de Estado parlamentario, como ahora dicen Lugo y sus aliados? ¿Fue un juicio político «express»? ¿O fue un relevo institucional amparado en la Constitución del país?

Sin duda, la destitución de un presidente democráticamente elegido por el pueblo, tan solo nueve meses antes de las siguientes elecciones, es un hecho políticamente grave y censurable, que debe preocupar a la región. En ese sentido, las protestas de los países de Unasur son fundadas. Pero ello no basta para afirmar que hubo golpe de Estado, si no se demuestra que la destitución fue una vía de hecho para usurpar ilícitamente el poder.

 Todo el mundo reconoce que la Constitución paraguaya —como muchas otras, incluyendo las de Estados Unidos y Ecuador— permite a la Función Legislativa destituir a un presidente mediante un juicio político. Por tanto, al menos en lo formal, no se puede argumentar que hay golpe por el solo hecho de que un parlamento destituya a un presidente electo en las urnas. Pero este es, paradójicamente, el argumento medular de los mandatarios del ALBA: que no es “legítimo” terminar un mandato popular desde el Congreso. Eso es una falacia. Los congresos son instituciones tanto o más democráticas que el Ejecutivo y, por tanto, no se puede afirmar que, en principio, un juicio político provenga de un agente no representativo del Estado que viole una cláusula democrática. Y, por supuesto, es absurdo que la opinión de la Unasur prevalezca, en este punto, sobre la Constitución que han aprobado los paraguayos para su país.

 Así, es falsa la teoría de que el juicio a Lugo fue “legal, pero no legítimo”. Quienes alegan aquello realmente están argumentando en contra de la existencia misma de los juicios políticos, no contra este caso particular. Si es así, entonces debatamos abiertamente si debe haber o no juicios políticos —como lo dijo, sincerándose, Capriles en Venezuela—, pero no digamos sin más que es un mecanismo ilegítimo cuando está reconocido en algunas constituciones impulsadas por los mismos mandatarios que hoy lo critican.

Otro argumento es la vaguedad de la causal invocada contra Lugo: “mal desempeño en las funciones”. Pero las causales de juicio político siempre son vagas. Por ejemplo, según la Constitución de Ecuador, impulsada por Rafael Correa —uno de los primeros en criticar este incidente—, la Asamblea puede destituir al Presidente por “grave crisis política y conmoción interna”, y el Presidente puede disolver la Asamblea por igual motivo. Es que estos no son procesos judiciales donde se demuestra irrefutablemente una infracción concreta, sino procesos netamente políticos, instrumentados con reglas constitucionales, que reflejan un deterioro insostenible en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Esa es la realidad de esta institución. Nuevamente, si eso nos parece mal, la discusión sería sobre la existencia de estos mecanismos y no sobre su aplicación concreta al caso de Lugo.

 La tercera crítica a la destitución de Lugo, recogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que el juicio político no cumplió con las garantías fundamentales del debido proceso. En efecto, resolver una destitución al presidente tan solo 24 horas después de haber formulado una acusación en su contra no garantiza plenamente el derecho de defensa, aun cuando los abogados del presidente sí hayan comparecido al parlamento para exponer su posición. No pudo haber existido en tan poco tiempo un análisis serio de pruebas y alegaciones de Lugo. Tanto es así que el parlamento simplemente afirmó que los hechos acusados eran “públicos” y por tanto no requerían prueba. Claro que en estos procedimientos suele haber una decisión prefabricada en función de intereses políticos, pero el Legislativo debió respetar las garantías de su Constitución y el Pacto de San José, aun cuando no hayan estado expresamente consignadas en la regulación del juicio.

Ahora bien, que el juicio político haya lesionado el derecho de defensa, ¿es suficiente para calificarlo de golpe de Estado? Teniendo en cuenta que la situación actual ya ha sido validada por las máximas autoridades judiciales y electorales de Paraguay, que se utilizó un mecanismo reconocido en la Constitución de Paraguay, que la destitución no provino de la fuerza bruta sino de una institución democrática como el Legislativo y que el mismo Lugo aceptó la decisión parlamentaria, creo que es equivocado hablar de golpe de Estado. Pero esta conclusión de ninguna manera pretende soslayar que el juicio a Lugo fue una censurable maniobra de los partidos paraguayos para esquivar la decisión popular las próximas elecciones, lo cual constituye —política, no jurídicamente— una burla a la democracia.

 Por supuesto, tampoco puedo ocultar mi sorpresa frente al doble discurso que la política exterior ecuatoriana ha exhibido en este caso: cuando se trata del amigo Lugo, se hilvanan finísimos razonamientos para calificarlo de golpe, mientras que casa adentro se solapa la falta de democracia de un régimen que destituyó violentamente a un Congreso, que coarta la libertad de expresión de los medios de comunicación y que controla abiertamente el sistema judicial. Y, a propósito de incoherencias, si Ecuador de repente ya no reconoce a los gobiernos «no democráticos»… ¿por qué seguimos siendo amigos entrañables de la dictadura cubana?