El Tribunal Permanente del Mercosur rechazó el pedido paraguayo de anular la suspensión temporal como miembro activo del bloque aduanero regional, informó el domingo la cancillería.
A raíz de la destitución del presidente Fernando Lugo en un juicio político del Senado el 22 de junio, el Mercosur suspendió a Paraguay hasta que sean electas las nuevas autoridades en los comicios generales de abril de 2013. Lugo fue sustituido por el vicepresidente Federico Franco.
«Una copia del fallo fue entregada por el Tribunal la noche del sábado al gobierno y ahora nos tomaremos dos días para analizar qué pasos daremos en adelante», dijo el canciller José Félix Fernández en conferencia de prensa.
El funcionario recordó que el 29 de junio en la provincia argentina de Mendoza «los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay resolvieron suspender a Paraguay de los asuntos del organismo y autorizaron el ingreso de Venezuela (que no había sido aprobado por Paraguay). Para nosotros, ambas resoluciones fueron nulas e ilegales porque el reglamento del Mercosur dice claramente que Paraguay debe estar presente en las deliberaciones».
Los miembros del tribunal son del argentino Carlos María Correa, el paraguayo Roberto Ruiz Díaz, el uruguayo José María Gamio y los brasileños Wilber Barral y Jorge Luis Fontoura. Por reglamento interno, ninguno habló con la prensa.
No obstante, Fernández aclaró que el tribunal rechazó el reclamo paraguayo «presuntamente porque no se agotaron las instancias previas recurriendo a cada uno de los presidentes de Argentina, Brasil y Uruguay, es decir, intenta obligar al Paraguay a iniciar un largo y complejo procedimiento con gobiernos que se niegan a tratar, justamente, con él».
En tanto, el ex mandatario Lugo leyó un mensaje a la población en el que reiteró que fue destituido «por un golpe parlamentario».
Agregó que «por detrás del golpe estuvieron aquellos sectores molestos por una integración soberana y transparente de nuestro país y de la región, los sectores que anhelan la pseudo integración promovida por los negocios políticos y la narcopolítica», sin hacer especificaciones respecto a los vínculos de la política con el tráfico de drogas.