Después de cuatro años en diálisis y un calvario en lista de espera, Víctor Jofré recibió un trasplante de hígado el 20 de julio.
Natural de Valparaíso, Chile, Jofré, de 58 años, vive en Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, desde 2007 y todavía no ha podido conseguir una autorización para residir legalmente en España.
Sin dinero para regresar a casa y sin poder trabajar debido a la enfermedad, Jofré se mantiene a flote gracias a una ayuda social y a la solidaridad de su casera, que decidió no cobrarle el alquiler desde hace unos meses.
Sin embargo, su estatus irregular no le impidió acceder gratis al costoso tratamiento médico que recibía y al posterior trasplante de riñón, dado el carácter universal de la sanidad española.
Será difícil que un caso como éste vuelva a repetirse. Desde el sábado, los ciudadanos extranjeros que carecen de permiso para residir en España deben pagar si quieren acudir regularmente a la consulta de un doctor en un centro público de salud.
En cualquier caso, no se les dejará de atender gratuitamente bien en casos muy graves o bien a través de un nuevo seguro que permitirá a los inmigrantes que lo contraten mantener sus actuales derechos por 75 dólares al mes, un precio muy bajo si se compara con cualquier otro país del entorno europeo.
«No sé si me van a seguir tratando, qué seguimiento van a hacerme o si podré simplemente visitar a mi médico», dijo Jofré, quien no tiene dinero para contratar seguro alguno, aunque confía en conseguir su residencia legal en España a corto plazo.
La realidad es que la nueva ley sanitaria, que fue aprobada en abril pero entró en vigor el sábado, pone un todavía confuso punto y final al acceso universal y gratuito que brindan los servicios públicos de salud españoles a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad y condición.
Es un caso único en Europa y casi en el mundo, donde lo habitual es cobrar la atención médica a través de seguros privados o fórmulas mixtas público-privadas. Este servicio, como tantas otras cosas en España, no ha podido sobrevivir al tsunami económico que barre el país de costa a costa desde hace cuatro años.
«No tenemos un sistema sanitario preparado para atender al mundo entero», admitió hace unas semanas el consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty.
Para los inmigrantes que residen en España llueve sobre mojado.
A la crisis económica y el rampante desempleo de casi el 25% se suma ahora las dificultades de los no autorizados para poder visitar al médico.
La sanidad es probablemente el gran pilar del estado del bienestar español, a pesar de que arrastra deudas, algunos problemas de falta de personal y listas de espera en determinados servicios.
En España un transplante de hígado o el tratamiento de una simple gripe cuestan lo mismo: nada. Ni un solo céntimo. Se trata de un sistema solidario que se financia con los impuestos directos e indirectos.
Hasta ahora.
La reforma dice que los extranjeros sin residencia legal en España deberán pagar por acudir al médico. El resto de inmigrantes con sus papeles en regla no se verán afectados y mantendrán los mismos derechos.
La medida se centra fundamentalmente en todos aquellos ciudadanos europeos cuyos países no tienen suscrito un convenio con España. La idea es atajar el llamado turismo sanitario, que engloba los casos de foráneos que aprovechan la calidad y gratuidad de la sanidad ibérica para operarse o recibir costosos tratamientos con cargo al sistema de salud español.
El Tribunal de Cuentas, que fiscaliza el gasto público, estimó que España pagó una factura de 1.300 millones de dólares el año pasado en atención sanitaria a extranjeros no residentes en España. Con un país ahogado por las deudas, el gobierno busca dinero hasta debajo de las piedras.
Pero, obviamente, la ley salpica de lleno a los no autorizados. Un grupo de población mucho más vulnerable formado en su mayoría por africanos y latinoamericanos. En España residen unos 5,7 millones de inmigrantes, el 12% de la población. Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que al menos 150.000 personas que viven en España, pero no han podido conseguir su permiso de residencia, perderán su tarjeta sanitaria, el derecho a visitar un médico y la subvención de la Seguridad Social para la compra de fármacos con receta.
De la polémica reforma quedaron excluidos los menores de edad y las embarazadas, que seguirán recibiendo atención sanitaria sea cual sea su nacionalidad y condición. Además, un no autorizado seguirá siendo atendido en las urgencias de los hospitales de cualquier patología o enfermedad grave de forma gratuita.
El gobierno espera ahorrar unos 9.000 millones de dólares y asegura que la ley sigue garantizando una asistencia básica a todo el mundo. Pero la iniciativa ha sido fuertemente cuestionada por colectivos de inmigrantes y sociedades médicas, que la califican de discriminatoria y peligrosa.
«El turismo sanitario puede ser un problema, pero tiene más relación con países europeos», explicó María Fernández, de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (SEMFYC), que agrupa a 19.500 médicos de familia, una de las especialidades más importantes en el ámbito de la atención primaria a pacientes.
«No creemos que la forma de abordar el problema sea excluir a un colectivo especialmente vulnerable de la asistencia», añadió.
El gobierno ha ofrecido la posibilidad a los extranjeros de mantener sus servicios mediante el pago de 710 euros (885 dólares) al año, o 75 dólares al mes. Otra opción que se baraja es simplemente pagar la factura en el momento.
Sin embargo, las competencias en materia sanitaria están en manos de las comunidades autónomas y hasta seis de las 17 regiones del país adelantaron que mantendrán el statu quo actual y, de alguna manera, desobedecerán al gobierno.
Los gobiernos de País Vasco, Asturias, Andalucía, Cataluña, Canarias y Galicia aseguraron que seguirán atendiendo a los no autorizados como se venía haciendo hasta ahora, en un gesto de rebeldía que apoyan también muchos médicos.
«El sistema tiene graves problemas de financiación», consideró Sagrario Martín, médico de familia y vicepresidenta de la ONG Médicos del Mundo en España. «Pero pensamos que el derecho a la salud está por encima de algunas cosas».
Por eso, ciudadanos como el chileno Jofré esperan que siga imponiéndose la solidaridad y España no les cierre la puerta sanitaria.
«Claro que van a cambiar muchas cosas», señaló. «Pero necesito que controlen el proceso y espero que los médicos sigan atendiéndome tan bien como hasta ahora».