Me acaloré en una discusión con una tuitera que se dio a conocer por sus opiniones vertidas sobre la legalización de la llamada ’píldora del día después’; en esta charla abarcamos temas que van desde la parte científica del aborto hasta los detalles que determinan si el uso del fármaco es efectivamente un causante de la no implantación de un ovulo fecundado o un medio que evita la fecundación. Los resultados fueron claros, y es que no había un resultado claro.
El Ministerio de Salud ha desatado una polémica nacional, al obligar a los establecimientos públicos de salud a garantizar el acceso “gratuito y oportuno” a la pastilla del día después a toda la población en general, incluyendo a “adolescentes, jóvenes y mujeres que lo requieran”. La medida tiene severas implicaciones morales, religiosas y médicas, que no voy a comentar en este artículo. Me limitaré a contestar solo una pregunta: ¿es lícito que el Estado distribuya la pastilla del día después?
Un informe, dizque jurídico, del pasado 25 de marzo, dirigido al secretario nacional de telecomunicaciones, «considera pertinente» la elaboración de un «informe técnico, jurídico y económico, sobre la aplicación y cumplimiento del artículo 408 de la Constitución, en cuanto a la participación del Estado, en los beneficios del aprovechamiento del espectro radioeléctrico». Según dicho artículo, en síntesis, las empresas privadas que a partir de la Constitución de 2008 celebraron contratos de concesión que implican el uso del espectro radioeléctrico, deben entregar al Estado al menos la mitad de sus beneficios.
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