Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
La semana pasada quedó establecido que, pese a la Constitución, ya no es tarea propia de los legisladores denunciar ante la fiscalía sobre hechos públicos; que la costumbre presidencial de insultar, calumniar y usar como trapiche la reputación y honor ajeno, se justifica porque él es costeño pues en la Sierra “son más recatados”; que si bien él puede insultar y calumniar a quien desee, quien ose criticarlo o llamarlo con un lenguaje lejanamente similar al suyo será muy probablemente sentenciado a prisión por injurias (y ahora hasta obligado a decirle “perdón”…); y, que el daño a su patrimonio un día es tasado en 40 millones de dólares, y otro en 140 mil.
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