La semana pasada quedó establecido que, pese a la Constitución, ya no es tarea propia de los legisladores denunciar ante la fiscalía sobre hechos públicos; que la costumbre presidencial de insultar, calumniar y usar como trapiche la reputación y honor ajeno, se justifica porque él es costeño pues en la Sierra “son más recatados”; que si bien él puede insultar y calumniar a quien desee, quien ose criticarlo o llamarlo con un lenguaje lejanamente similar al suyo será muy probablemente sentenciado a prisión por injurias (y ahora hasta obligado a decirle “perdón”…); y, que el daño a su patrimonio un día es tasado en 40 millones de dólares, y otro en 140 mil.
Uno de los éxitos de gobiernos autoritarios como el venezolano y que entienden a la negociación política como debilidad, – el pueblo es el que impone su voluntad mayoritaria cuyos intérpretes únicos son los mismos dirigentes – es convencer a todo el mundo de que no existen fisuras ni contradicciones en ellos. Mientras un gobierno europeo estuviera haciendo en este momento complejas e innovadoras gestiones de negociación frente al descalabro de la economía, este tipo de gobiernos lo único que hacen es amenazar para dar la impresión de que las cosas van excelentemente bien o sino tan bien por culpa de los enemigos externos e internos que no quieren el cambio.
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