La estrecha victoria de Nicolás Maduro, con 7’563.747 votos, poco más de un punto porcentual por encima del opositor Henrique Capriles, quien alcanzó 7’298.491, y la decisión de este último de no aceptar la derrota hasta que se realice un reconteo -a estas alturas ya muy poco factible- eleva a grado de huracán la larga tormenta política que vive el país vecino, con vientos cruzados que se extienden hasta la economía y tocan diversas esferas de la vida cotidiana.
Si las elecciones venezolanas las hubiese administrado una institución independiente, transparente y profesional, dirigida por personas sin ningún vínculo político partidista con el gobierno, seguramente ese uno y medio por ciento de diferencia que le habría dado la victoria a Maduro, hubiese sido aceptado pacíficamente por la oposición y el mundo entero. Después de todo, no habría sido la primera vez que una elección se decide con tan estrecho margen. Pero ese no es el caso de Venezuela ni de los países que siguen su modelo.
El peor escenario posible para el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro, ha sido el resultado de las elecciones presidenciales del domingo 14 de abril. Se suponía que la herencia del presidente Hugo Chávez era una especie de seguro que funcionaría de manera casi perfecta para el triunfo de su sucesor. El resultado no ha sido ese. De acuerdo a los informes que en este momento se disponen, Maduro, «el hijo de Hugo Chávez» como señala el diario La República de Lima, habría ganado a Henrique Capriles por un escaso margen de 300 000 votos, cifra incompatible para quien obtuvo nada menos que el encargo administrativo y simbólico del legado del presidente y que contó, como fue notorio, con el apoyo de todo el poder del Estado, incluso pronunciamientos del alto mando militar y espacios de publicidad que no tuvo su contendor.
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