MADRID (AP) — La justicia retiró este martes la imputación de la infanta Cristina de Borbón, hija de los reyes de España, al considerar que no existen indicios suficientes que la vinculen con la trama de corrupción que salpica a su esposo.
Un tribunal de tres jueces decidió por dos votos a uno estimar en parte el recurso de la fiscalía y la defensa para levantar la imputación. Cristina queda libre de sospecha en la presunta cooperación con la red corrupta. Pero el fallo, que se adelantó dos semanas a la fecha inicialmente prevista del 20 de mayo, deja la puerta abierta a una nueva imputación si aparecieran evidencias de delito fiscal.
La Casa Real declinó hacer comentarios. Con esta decisión judicial, la monarquía sortea de momento uno de los frentes que más habían dañado su imagen. En la última encuesta pública, la confianza en la institución se situó en 3,68 sobre 10, la peor nota de su historia.
José Castro, juez instructor de Palma de Mallorca -en las Islas Baleares- había imputado a la infanta el 3 de abril y la citó a declarar en el juzgado, provocando un enorme revuelo en la sociedad española.
En su escrito, había considerado que la hija de los monarcas pudo ser «cómplice» de las supuestas actividades delictivas de su marido Iñaki Urdangarín.
Castro sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron presuntamente de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.
El magistrado admitió que Cristina no participaba en las contrataciones y la labor diaria del instituto pero cuestionó que desconociera las actividades de su marido y los beneficios económicos que ambos obtenían usando de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía.
Castro explicó que ese comportamiento podría calificarse como de «cooperación necesaria» o «complicidad», según el Código Penal español, y aseguró que no imputar a la infanta cerraría en falso la investigación y rompería la máxima de que la «justicia es igual para todos».
No obstante, la fiscalía y la defensa de Cristina recurrieron el auto del magistrado. El tribunal dijo que no hay evidencias de «complicidad» de la infanta pero señaló que debe seguir investigándose el posible delito contra la Hacienda pública y el blanqueo de capitales.
Cristina, de 47 años, la segunda hija de los reyes Juan Carlos y Sofía y la séptima en la línea de sucesión al trono de España. La victoria judicial supone un alivio para la monarquía. Aunque la investigación, que acumula 42.000 folios de instrucción en casi tres años, sigue salpicando a la familia real en lo que afecta al yerno del monarca, quien tiene difícil eludir el juicio.
Urdangarín, de 45 años, está imputado y bajo investigación. Su socio en el instituto Diego Torres enfrenta cargos de falsedad documental, prevaricación, fraude a la administración y malversación de fondos públicos que podrían sumar una condena superior a los cuatro años de prisión.
En enero, el juez Castro impuso una fianza de 8,2 millones de euros (11,1 millones de dólares) en concepto de responsabilidad civil para Urdangarín y Torres, que no pagaron. Ambos recurrieron la resolución y están a la espera de un fallo definitivo. Al tratarse de una fianza civil, no se contemplan penas de cárcel por impago.
En el auto de 542 páginas para justificar la fianza, el magistrado argumentó que los imputados utilizaron el «paraguas de bondad y de ayuda al prójimo» que se presupone a las entidades sin ánimo de lucro para «desviar fondos públicos en beneficio propio».
Ex deportista profesional de balonmano, doble medallista olímpico, presentado en el pasado como el marido perfecto, Urdangarín es ahora el enemigo público número uno. Está apartado de los actos oficiales de la corona y su perfil no aparece en el sitio en internet de la monarquía.
Urdangarín y Cristina tienen cuatro hijos y viven habitualmente en Barcelona.