MADRID (AP) — Una queja oficial del gobierno español paralizó el miércoles las declaraciones que familiares de víctimas de la dictadura franquista tenían previsto prestar por videoconferencia ante la jueza argentina que investiga el caso.
Los testimonios iban a comenzar el miércoles en la embajada de Argentina en Madrid. Pero la cancillería española envió una carta a la delegación en la que expresó su malestar con el proceso por realizarse al margen del convenio bilateral entre ambos países. El contenido de la queja fue transmitido a la magistrada María Servini de Cubría, quien decidió suspender las declaraciones hasta nuevo aviso, según relató Carlos Slepoy, uno de los abogados querellantes, a The Associated Press.
«Es una demostración de que el gobierno español está muy preocupado con esta querella. Se dan cuenta que no la pueden detener», dijo Slepoy. «Sentimos indignación y frustración».
«La jueza se ha visto desbordada y ha decidido suspender momentáneamente», añadió.
La cancillería española confirmó el envío de la nota oficial y afirmó que lo único que pide a Argentina es que cualquier trámite se haga de acuerdo al tratado bilateral de extradición y asistencia judicial en materia penal suscrito entre España y Argentina en 1987.
Slepoy consideró que el procedimiento no violaba el convenio bilateral, puesto que se trata de una causa argentina en la que los testimonios se prestaban en la embajada, que técnicamente es territorio soberano del país sudamericano.
Además, se mostró confiado en que estas declaraciones tengan lugar tarde o temprano y dijo ser optimista a pesar del contratiempo diplomático.
Servini de Cubría instruye en Argentina una investigación por presuntos delitos de genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en España entre 1936 y 1977, un periodo que abarca la guerra civil, la dictadura de Francisco Franco y los dos años que transcurrieron entre la muerte del dictador y la celebración de las primeras elecciones democráticas.
La querella argentina, bajo el principio de jurisdicción universal, heredó y amplió el intento fallido del ex magistrado Baltasar Garzón por abrir una causa general contra el franquismo en 2008. Y se ha convertido en la única esperanza de miles de familiares de víctimas de la represión franquista que encuentran cerradas las puertas de los tribunales españoles.
El gobierno español da por cerrada la causa franquista al amparo de la ley de amnistía de 1977.
Slepoy y el equipo de abogados querellantes han pedido a la jueza nueve imputaciones. La lista incluye nombres muy destacados de la política española, como los ex ministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina.
Si Servini de Cubría estima la imputación, que contempla penas de hasta 30 años de prisión según la legislación española, podría librar una orden de detención internacional para extradición.