BUENOS AIRES (AP) — El proyecto de blanqueo de dólares no declarados que impulsa el gobierno de Argentina premia a evasores fiscales y convierte al país sudamericano en un imán para el crimen organizado, advirtieron el martes expertos en lavado de dinero.
Los especialistas, además, notaron que la iniciativa que se debate en el Congreso lejos de ayudar a frenar la escasez de divisas eleva la desconfianza en el país de los organismos internacionales de combate contra el lavado, con los perjuicios que ello puede causarle a futuro por ejemplo en materia de inversión extranjera.
«Hay una serie de contradicciones en artículos del proyecto y corremos riesgo de que el crimen organizado vea la ventana para introducirse en Argentina», afirmó Roberto Durrieu, abogado experto en prevención de la corrupción y del lavado de dinero, ante una comisión del Senado.
El blanqueo de capitales impulsado por el gobierno permitirá a las personas físicas o jurídicas ingresar sus dólares no declarados al circuito formal de la economía a través de la compra de tres instrumentos financieros nominados en la divisa estadounidense: el Certificado de Depósito para Inversión Inmobiliaria (Cedin), el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (Baade) y el Pagaré de ahorro para el desarrollo económico.
Uno de los puntos más cuestionados del proyecto es que los sujetos que adhieran al blanqueo no estarán obligados a informar al fisco la fecha de compra ni el origen de los fondos y por lo tanto quedan liberados de cualquier acción civil, comercial y penal tributaria en su contra.
También quedan eximidos del pago de impuestos por las sumas que vayan a declararse.
El proyecto especifica que no podrán beneficiarse con el blanqueo los imputados por delitos de lavado de dinero y financiación del terrorismo; evasión fiscal y quienes se hayan declarado en quiebra.
Durrieu consideró que el proyecto «se ofrece a todo el mundo, debería acotarse» y también aconsejó incluir «una tipología más específica de delitos».
«Esta ley va a ser objetada por la apertura que implica en las posibilidades de lavado», sostuvo Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN).
Alertó que la iniciativa por ejemplo permitirá que fondos que están en el exterior «puedan blanquearse como sociedades ficticias».
Para Despouy, organismos internacionales contra el lavado de dinero como Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) pueden concluir que Argentina incentiva este delito ya que es el segundo blanqueo de capitales que lanza el gobierno de Cristina Fernández en cuatro años.
«Detrás de cada una de estas cuestiones que se van a blanquear hay una actitud dolosa, porque el origen de esos fondos es el delito», indicó Alberto Abad, ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
El gobierno ha dicho que el proyecto apunta principalmente a quienes se vuelcan a la compra de dólares como consecuencia de una tradición cultural de ahorrar en esa moneda, sobre todo en un contexto de inflación. En vez de mantener ociosos esos recursos, se ofrece una serie de instrumentos financieros para invertir en el mercado inmobiliario y en energía y combustibles.
Pero varios economistas afirmaron que con esta iniciativa el Ejecutivo demuestra su urgente necesidad de inyectar dólares en una economía que adolece de capitales e inversiones.
«Este proyecto es un Frankenstein, un engendro para atraer evasores», apuntó Federico Sturzenegger, economista y titular del Banco de la Ciudad de Buenos Aires.
El experto, asesor del alcalde de Buenos Aires, Mauricio Macri, opositor al gobierno nacional, pronosticó que apenas «entre 500.000 dólares y 1.500 millones de dólares» podrían blanquearse sobre un total de 200.000 millones de dólares que se estima están en negro.
El proyecto de ley se debatirá el miércoles 22 de mayo en el Senado, en el que el oficialismo cuenta con mayoría para su aprobación.