Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
Ni aun proponiéndoselo ninguna legislatura en el mundo habría podido aprobar una ley tan manifiestamente violatoria de los instrumentos internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión como la aprobada el pasado viernes. Pero sobre todo tan disonante con las modernas tendencias democráticas que recorren el mundo desde Myanmar hasta Uruguay. No hay duda de que la flamante ley servirá de modelo para cualquiera de esos autócratas que nunca faltan en las Bananas Republics para diversión de Woody Allen.
Cuando nuestra noche dictatorial pase, cuando el país recobre sus cauces institucionales y la democracia se recupere, y cuando los tribunales internacionales comiencen a conocer de las imprescriptibles acciones por violaciones de los derechos humanos y sus responsables deban rendir cuentas por sus actos y omisiones –porque ese día, como la historia enseña, les llega a todos los regímenes autoritarios–, cuando eso ocurra, la aprobación de la Ley de Comunicación ocupará sin duda un puesto especial.
Y no porque para entonces siga ella vigente, pues, una ley como la aprobada está destinada a durar poco, sino porque será un ejemplo patético de los extremos a los que fue capaz de llegar un régimen que se propuso controlar y someter a todo aquel que simplemente opine diferente, y que para lograrlo no tuvo empacho en hacer aprobar en 15 minutos un instrumento que representa siglos de retroceso en materia de libertades públicas.
Cómo será de bochornoso lo que aprobaron el viernes que los responsables optaron por no debatirlo. Debatir significa discutir, cruzar ideas, exponer argumentos y defenderlos. ¿Hubo eso el viernes? ¿Vio el país a los asambleístas debatir y exponer sus argumentos a favor y en contra? ¿Cuántas veces los asambleístas elegidos el pasado febrero por vez primera debatieron en la Asamblea esa ley? Ni una sola. Pregúntele, lector, al diputado de su distrito que llegó a la Asamblea en febrero si cumplió con su deber (por lo que recibe un sueldo…) de debatir dos veces la llamada ley mordaza.
No solo que la Constitución –que se supone es norma suprema– manda que antes de su aprobación una ley deba ser debatida dos veces, sino que la ley secundaria dice que no pueden incluirse en el segundo debate asuntos no discutidos en el primero. Esto también fue ignorado.
La creación de la Superintendencia de la Información, que según la ley será una suerte de “Superintendencia de la Verdad” –un ente que al parecer pondría fin a la historia de la filosofía desde Platón hasta Habermas–, con poderes para intervenir en los medios que se porten mal; así como la tipificación del “linchamiento mediático” como una infracción –de cuya definición hábilmente fue excluido nuestro más grande linchador mediático–, fueron asuntos jamás debatidos antes del viernes, y tampoco ese día.
Dejemos de lado las barbaridades y contradicciones de fondo por un momento (…y vaya que son gruesas). Los ecuatorianos tenemos derecho a una explicación de por qué no se aprobó la llamada ley mordaza, incluyendo a la nueva Superintendencia de la Verdad, según el procedimiento constitucional.
* Publicado originalmente en El Universo.