En la primera parte de Enrique IV, el conde de Worcester le explica a su sobrino, sir Henry Percy (a quien la posteridad recordaría también por el sobrenombre de Hotspur), que una de las maneras más seguras para evitar que un rey ambicioso pueda llegar a cortar la cabeza de un hombre libre, es que este la mantenga siempre erguida. “Salvar nuestras cabezas levantando nuestras cabezas”, menciona casi al final del primer acto, cuando una rápida puesta en escena ha dejado claro que el hombre al que los Percy han ayudado a convertirse en rey no los considera ya como iguales y los ha puesto ante la disyuntiva del sometimiento o la destrucción.
Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua y ahora Argentina, cuyos gobiernos son el eje del denominado socialismo del siglo XXI, han convertido los poderes judiciales y por tanto la justicia de sus países (Argentina está ahora mismo en el proceso) en un mecanismo de persecución y represión. Han criminalizado la libertad y han judicializado la política.
Uno de los flagelos que más preocupa a las sociedades, no importa de qué país, es el narcotráfico. La cadena, desde las plantaciones de la hoja de coca, el proceso de refinamiento del alcaloide, el transporte y la distribución para el consumo, deja un reguero terrible de violencia y muerte. No hay espacio del cuerpo social en donde no se enquiste este terrible mal; gobernantes, jueces; políticos, militares, policías; hombres y mujeres de todas las edades, son tentados por narcotraficantes que manejan un arma letal y poderosa: el dinero.
El que ha vivido en un barrio y ha construido amistades allí, sabe que estas se cimientan en la sencillez y la cercanía, condiciones que funcionan como un código genético que se comparte hasta la tumba. La gente se conoce por sus nombres o apodos, se saluda con un afecto especial y refiere con un cariño a prueba de balas a ese lugar común que retrotrae a la infancia y a la adolescencia, edades en las que no existe política, religión, clase social, ni raza que separe. El otro, el amigo de barrio, es un igual. A veces, la vida y eventos inesperados nos permiten descubrir que ese otro es muy distinto en su esencia e historia. Y que los caminos recorridos en la adultez bifurcan los senderos hasta límites insospechados. Pero las primeras palabras y los mismos gestos de antes, devuelven en cada reencuentro ese ángel inconfundible del barrio. Y el milagro se reinstala con su frescura eterna y con la tranquilidad de poder hablar sin poses y con una liviandad siempre bienvenida.
Ni aun con un diccionario en la mano nos pondremos de acuerdo ya que se tuerce y retuerce el significado de las palabras o se busca cargarles de uno nuevo queriendo hacernos creer que ahora las cosas serán distintas. Es lo que salta a la vista al leer dos breves entrevistas con senadores del Frente Guasu: Hugo Richer y Sixto Pereira, sobre el proyecto de una posible ley de prensa. Dijo el primero de ellos que esperarán unos seis u ocho meses para presentarlo y ser discutido en el Senado.
En julio de 2008 la Asamblea Constituyente discutía el texto -luego aprobado- de la actual Constitución sobre el derecho a la defensa, la prohibición de indefensión, las garantías básicas del debido proceso, el derecho de impugnación ante las cortes de las decisiones de funcionarios administrativos y las acciones de protección (antiguo amparo), cuestiones que en el estado actual de la civilización no son concesiones graciosas sino aspectos elementales en un estado democrático y de Derecho.
El ascenso de Rafael Correa al poder marca el final de un ciclo histórico que arrancó en 1979 con el denominado retorno a la democracia. Luego de casi 10 años de dictadura, un modelo fallido de industrialización y un entorno económico internacional en plena liberalización, la situación se volvió inmanejable para los militares. Se emprendió, entonces, un proceso de democratización que pasó por la adopción de un estado social de derecho y las instituciones clásicas de la democracia liberal.
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