BUENOS AIRES (AP) — El gobierno argentino suspendió el viernes a los responsables de la división de traslados del Servicio Penitenciario Federal y pidió a la justicia una exhaustiva investigación tras la fuga de dos ex militares condenados por crímenes de lesa humanidad desde el Hospital Militar de esta capital, al que habían sido enviados para recibir atención médica.
Los represores fugados fueron identificados como Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, quienes se encontraban alojados en el penal de la provincia de San Juan, a 1.265 kilómetros al oeste de Buenos Aires. El primero cumplía una pena de 25 años de prisión, mientras Olivera había sido condenado a cadena perpetua por su accionar en la represión ilegal de disidentes durante la última dictadura militar (1976-1983).
Ambos detenidos habían sido trasladados el jueves al Hospital Militar Central de Buenos Aires por personal de Seguridad y Traslados del Servicio Penitenciario Federal para cumplir con tratamientos médicos previamente autorizados por la justicia. Según un comunicado del ministerio de Justicia, De Marchi y Olivera «fueron entregados al personal del hospital, en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad». Desde ese momento, se desconoce el paradero de ambos.
El Servicio Penitenciario Federal ordenó el pase a disponibilidad (suspensión) de oficiales y agentes penitenciarios responsables de la División Traslados y Seguridad y también inició un sumario administrativo. A su vez, el gobierno presentó una denuncia penal ante la justicia federal «para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos».
Algunos aspectos relacionados con el traslado de los detenidos llamaron la atención de los funcionarios.
«Los detenidos presentaban una patología que por sus características podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos ya que no existía riesgo de vida. No obstante ello, esta institución dio acabado cumplimiento a la manda judicial, la que se presenta como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad», expresó el ministro de Justicia, Julio Alak.
Alak también pidió se investigue al personal del Hospital Militar «ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad…no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido».
Ambos condenados ya habían estado prófugos de la justicia, antes de su condena.
El ministerio de Justicia ofreció una recompensa de 100.000 pesos (18.250 dólares) para quienes brinden datos sobre los prófugos.
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