Mauricio Vargas
Bogotá, Colombia
Mientras el país estaba semiparalizado por el bloqueo de importantes carreteras, algunas ciudades permanecían sitiadas y el Gobierno lucía incapaz de recuperar el control, el presidente Juan Manuel Santos compareció ante los periodistas. Pero no para hablar de la situación. Flanqueado por su Ministro del Interior y los voceros de los partidos de la Unidad Nacional, anunció la presentación de un proyecto de ley estatutaria destinado a permitir que el día de las elecciones de Congreso en marzo o de las presidenciales en mayo, los colombianos vayan a las urnas a refrendar o rechazar los eventuales acuerdos que Gobierno y Farc consigan en la mesa de La Habana.
Dicen en la Casa de Nariño que el mandatario tuvo que salir a las carreras a hablar del tema, tras la filtración imprudente del proyecto por un senador de lengua rápida, el expresidente del Congreso Roy Barreras. Los delegados de Santos en La Habana no tuvieron tiempo de advertirles a los voceros de las Farc, y la guerrilla, molesta, pues no quiere un referendo, sino una constituyente, suspendió las conversaciones unos pocos días.
La ley busca eliminar la prohibición vigente que impide que coincidan un referendo y una elección general. Hay que recordar que en el 2003, un referendo propuesto por Álvaro Uribe para modificar varios temas constitucionales fracasó porque, al celebrarse la víspera de las elecciones de alcaldes y gobernadores, y no el mismo día, la votación no alcanzó el umbral exigido. Es obvio que Santos quiere evitar algo similar y por eso propone que el día de la elección parlamentaria o el de la presidencial ocurra el referendo sobre los acuerdos de paz. De ese modo, los que salgan a votar por candidatos al Congreso o a la Presidencia lo harán al mismo tiempo en dicho referendo, que se beneficiaría así del arrastre del caudal de la maquinaria.
En esa medida, y aunque huela un poco feo, la modificación es válida. Pero no resuelve el problema de fondo. Para que ese referendo tenga lugar, Santos tendrá que llevar al Congreso otra ley con el contenido de los acuerdos y, en principio, esa otra ley tendrá que pasar el examen de la Corte Constitucional. Para que todo eso suceda, los acuerdos tendrían que estar listos, por tarde, en diciembre. De esa manera, en cuestión de unas pocas semanas, el Gobierno tendría que conseguir no solo la aprobación en el Congreso del texto del referendo, sino su validación por la Corte.
Mientras tanto, es altamente probable que, tras la euforia inicial de palomas y camisetas blancas, el país aterrice en la realidad de lo firmado en La Habana: que los jefes guerrilleros, causantes de decenas de miles de muertos, miles de secuestros y centenares de masacres, no van a pagar cárcel y que, además, van a poder ir al Congreso. Para cuando tenga lugar el referendo, es muy probable que haya pasado la luna de miel de la firma de los acuerdos y el país esté metido en el debate de sus alcances, de las concesiones a las Farc y del amplio margen de impunidad que habrá que tolerar.
Y es posible que la paz valga ese precio. Pero también lo es que un amplio sector de votantes no lo entienda así. Y que el expresidente Uribe y sus aliados encuentren en ese asunto –a pesar de que hoy no parecen comprenderlo– una verdadera joya electoral para su campaña: hacer de la indignación que algunos aspectos de los acuerdos despierten su discurso, y con ese caballito de batalla movilizar a cientos de miles de votantes, quizás millones, no solo a votar por los candidatos uribistas, sino a votar por el ‘no’ en el referendo. No estoy seguro de que ganen, pero el riesgo para Santos de que el asunto esté apretado no es menor. Aun así, el Presidente ha decidido salir a caminar por la cornisa.