Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador
La Unión de Naciones Sudamericanas, conformada por doce países de América del Sur, en su VII reunión ordinaria del Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, mediante la denominada Declaración de Paramaribo, ha dando un importante primer paso para dejar saber a las grandes trasnacionales, que el prepotente uso de su poder y de influencias contra cualquier miembro de este bloque de naciones tendrá como contraparte la solidaridad del conjunto de naciones sudamericanas. Y digo un importante primer paso, por que no deja de ser más que un enunciado, hasta que no se tomen las medidas de carácter político que respalden las bien intencionadas letras de una Declaración de Jefes de Estado. Cuantas declaraciones firmadas como resultado de pomposas Cumbres Presidenciales han existido en nuestra América, sin que dejen de ser solamente prometedoras letras sobre un papel.
Lo que la Declaración de Paramaribo si deja muy claro, es que los países de América del Sur siguen en un irreversible proceso de abandonar el statu quo impuesto por el consenso de Washington, que de sus diez propuestas originales, por lo menos siete parecían haber sido diseñadas por las trasnacionales americanas para favorecer, proteger y facilitar sus procesos de globalización. El documento de Paramaribo enfatiza la necesidad de que las empresas y grupos transnacionales respeten la legislación nacional y observen los principios y patrones para una conducta responsable y consistente con las políticas públicas adoptadas por los Estados receptores de inversiones.
Unasur tendrá que seguir afianzando y fortificando su proceso de integración, y una de las mejores maneras de lograrlo es protegiéndose entre si ante eventuales patrañas de grandes transnacionales, como el caso de Chevron contra Ecuador, corporación que con mayor poderío económico que la gran mayoría de integrantes del bloque -medido de forma individual o por país- ejerce presión sobre sus legisladores y organismos internacionales de arbitraje; gracias a que con sus colosales recursos pueden contratar decenas de influyentes lobistas, abogados, periodistas y personalidades que trabajen con el solo objetivo de desprestigiar a gobiernos que son un obstáculo para sus intereses, así como para conseguir fallos en los organismos de arbitraje internacional dignos de una novela de suspenso legal al estilo de John Grishan.
Las corporaciones multinacionales, que tienen todo el derecho de defenderse, pueden darse el lujo de dilapidar todo el dinero que sea necesario para salvaguardar sus intereses, principalmente si esta inversión les ahorrará el pago de miles de millones de dólares. Los gobiernos de países en vías de desarrollo no solo que no tienen las mismas posibilidades, por un millón de razones que no son necesarias enumerar, pero peor aún, los grupos sociales o poblaciones civiles a las que han perjudicado con sus actividades, que a más de poder protestar con un par de gritos y carteles ofensivos, tienen total imposibilidad de defender sus causas en costosos procesos judiciales.
Es así que la Declaración de Paramaribo, pionera en unificar criterios solidarios de Estados afectados por Corporaciones internacionales, requiere de un segundo paso en firme, que vaya más allá de un simple observatorio, y que se perfeccione en una alianza intergubernamental de defensa colectiva, en la cual todos los estados de la Unión acuerden defender a cualquiera de sus miembros cuando una multinacional a causa de incumplir con sus responsabilidades y obligaciones, pretenda ejercer presión para conseguir sanciones económicas y políticas contra los países que cuestionan y condenan sus incumplimientos. Solamente así se logrará equiparar las fuerzas.