Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador
La decisión del presidente Obama de condicionar el ataque al gobierno sirio a la aprobación del Congreso de su país tiene varias lecturas. Unas políticas. Otras jurídicas. Como en otros asuntos, la Constitución de los Estados Unidos ha dividido entre el Congreso y el Ejecutivo la tarea de llevar al país a una guerra. Por un lado, deposita en el presidente el cargo de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Pero, por el otro, solo el Congreso está facultado para declarar guerras. Con el tiempo, la práctica política ha inclinado la balanza a favor del Ejecutivo, que por su naturaleza es más apto para esta tarea. Por ello es que, y aunque parezca raro, el Congreso ha emitido solamente cinco declaratorias formales de guerra en su historia: contra Gran Bretaña (1812), México (1846), España (1898) y las dos guerras mundiales. En el resto de enfrentamientos militares –y que suman un gran número– el Congreso quedó al margen.
El caso más clamoroso fue la guerra en Vietnam. Y fue a raíz de esa experiencia que el Congreso pasó una ley en 1973 (War Powers Resolution Act), venciendo el veto de Nixon, que puso cierto orden en esta área. En las primeras 48 horas que el presidente comprometa tropas en el exterior, el Congreso deberá ser notificado. Y si las operaciones se prolongan por más de 60 días, la Legislatura deberá aprobarlas o aprobar una formal declaración de guerra. Pero aun así ha habido algunos conflictos entre ambas ramas de gobierno. Hay una corriente que sostiene que la ley es inconstitucional, aunque la Corte Suprema no se ha pronunciado. Reagan y Clinton ignoraron la ley en los ataques a Nicaragua y Kosovo.
El problema más reciente tuvo lugar con ocasión del ataque a Libia para derrotar al dictador Gadafi. Obama enfureció a los legisladores cuando, en contra de la opinión de sus asesores legales, decidió que no era necesario involucrar al Congreso a pesar de que las hostilidades se prolongaron más del plazo máximo. Para el presidente, un estudioso del derecho constitucional, el caso libio no encuadraba en la ley.
Obama se ha ido ahora al otro extremo con su posición de solicitar la venia del Congreso antes de atacar a Siria. A todas luces dicha venia es legalmente innecesaria y ha tomado una opción de alto riesgo. Tantos son los conflictos que lo separan a él del Congreso (reforma migratoria, déficit, deuda pública, programa de espionaje, etc.) que podría ser el primer presidente al que la Legislatura le niegue una solicitud de guerra. Para algunos republicanos, por ejemplo, el plan contra Siria no es lo suficientemente duro.
Pero la decisión de Obama puede explicarse, en parte, por la atmósfera de cansancio que hay en la sociedad estadounidense con respecto a guerras en el Medio Oriente. Y, en parte, porque si logra ahora el apoyo político para atacar a Siria, le será más fácil embarcar al Congreso más adelante cuando se trate de enfrentar a Irán. Algo que parece inevitable.