Llegada la noche, no existe ninguna información oficial sobre el proceso disciplinario iniciado esta semana en contra de por lo menos dos asambleístas de Alianza PAIS, Paola Pabón y Gina Godoy, cuya sanción ha sido solicitada por el Presidente Rafael Correa, después que ambas se pronunciaron en favor de despenalizar el aborto por violación durante el debate parlamentario por el nuevo Código Penal.
A estas alturas ni siquiera se conoce el lugar donde se ha reunido el Comité de Ética que preside el director del Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco, y al que han sido convocado cuatro asambleístas: Paola Pabón, Gina Godoy, Soledad Buendía y Mauro Andino.
De manera extraoficial, según reporta el diario El Universo, que cita como fuente a «asambleístas del oficialismo» cuyo nombre no menciona, «las acusadas serían sancionadas con la suspensión temporal de los derechos de militante».
De acuerdo al Código de Ética de PAIS dicha pena solo se aplica en caso de la comisión de faltas graves, a las que describe como «acciones políticas que beneficien objetivamente a personas o grupos opositores a la política de la revolución ciudadana». Dichas faltas pueden sancionarse hasta con la separación definitiva de Alianza PAIS.
De acuerdo al Presidente de la República, las acusadas «traicionaron» su confianza, intentaron «imponer sus agendas privadas» y lo «apuñalaron por la espalda». Correa advirtió que además podría pedir la revocatoria de su mandato como legisladores, que de acuerdo a la Constitución, solo puede pedirse después del primer año de labores de la autoridad elegida y previo a la presentación de firmas.