Pablo Játiva
Melbourne, Australia
Una constante dentro del correísmo en estos seis años de gobierno ha sido la violencia política, ejercida con toda su ferocidad y contundencia, siempre utilizada como importante herramienta de manejo de encuestas: mientras más violento es el presidente en su actuar, mayor es la popularidad. En esa lógica, no hay ataque que sorprenda, sean estos basados en argumentos ideológicos –el ataque a la derecha, al neoliberalismo, a la izquierda infantil–, económicos –a los ricos, a los aniñados–, y hasta encontramos ataques políticos basados en defectos físicos, profesiones y apellidos, es decir, no hay un límite aparente cuando de desacreditar al rival se trata. Y eso, desde la lógica del control de la popularidad y el poder, se ha hecho siempre y a todo nivel. El correísmo no inauguró la violencia política en Ecuador, pero si la perfeccionó y radicalizó.
Rafael Correa y PAIS, si es que es posible afirmar que son dos cosas distintas, siempre usaron a la perfección la violencia de la palabra, desde su primera campaña a la presidencia en el 2006, la “gordita horrorosa”, los enanos y mediocres periodistas, y, ni el “limitadito” Mario Vargas Llosa se salvó. La confrontación y la destrucción del otro, no de las ideas del otro, siempre fueron base estructural del correísmo.
Pero a pesar de estar acostumbrados, y en cierto punto, aunque muchos compatriotas disfrutan y se regocijan de esa violencia, estas semanas alcanzó un nuevo nivel en su aplicación. La discusión sobre la penalización del aborto dentro del nuevo Código Penal fue el detonante. Contemplar al “compañero presidente” destrozar a sus más fieles y obedientes compañeros fue algo novedoso. Antes había amenazado y jugado a demostrar quién manda, haciendo lo que más le gusta y le funciona: demostrar su total poder. Pero de ahí, a reventar en la cara de sus co-idearios la burbuja de su ficticia independencia, y, exponerles públicamente frente al país como sus empleaditos, fue bastante brutal, incluso para el correísmo.
La humillación comprendió dos fases: primero, dejar claro que los asambleístas que aspiren a ser parte de la bancada oficialista no pueden proponer nada por iniciativa propia, todo por consenso, es decir por orden superior. Segundo, luego de que los valientes se atrevieron a proponer algo fuera del bloque, la amenaza inmediata de aplicarles la revocatoria del mandato los castiga y despoja de toda posibilidad de negociación al interior de su partido, pero lo que es peor, les deja dos opciones: o mantener la dignidad y renunciar a PAIS, o asumir la humillación y continuar en silencio, todo en nombre de la disciplina partidista.
Por supuesto, optaron por la segunda. La asambleísta involucrada en la desobediencia retiró su moción en acto de contrición, y el resto de legisladores oficialistas que también creían que el aborto por violación no debía ser penalizado, callaron, demostrando de forma inequívoca que la Asamblea y quienes forman parte de ella son empelados de Correa.
Sorprende que estos asambleístas que hicieron un pequeño intento por discrepar en el tema del aborto sean sancionados. Desde la lógica correísta ellos cumplieron ya que apoyaron y apoyan todos los excesos del correísmo en temas igual de sensibles que el aborto, en el mismo Código Penal: apoyan la tipificación de injurias al presidente, las nuevas definiciones de terrorismo, la penalización de la protesta y el control del ciberespacio a través de la ley. Entonces, ¿por qué castigarlos, si han sido fieles y útiles en el noventa por ciento de los temas?
Lo que si llama la atención es que toda esta purga oficialista se desate por un tema que es defendido por la izquierda en todo el mundo: la despenalización del aborto. ¿Acaso Dilma, Bachelet, Cristina Kirchner o el líder espiritual de la izquierda, José Mujica, no han apoyado abiertamente la despenalización del aborto? ¿Son estos personajes traidores a los principios de la izquierda bolivariana? ¿Qué izquierda es la que ahora tiene las riendas dentro de Alianza PAIS? ¿Una izquierda conservadora que coincide en temas de derechos con Nebot y Monseñor Arregui? ¿Es posible todavía hablar de un gobierno de izquierda?