Víctor Daniel Cabezas
Quito, Ecuador
Existe una tendencia mundial para usar al derecho como herramienta de intervención en la vida más pura e intima de los ciudadanos; las leyes y reglamentos tienden a intervenir demasiado en nuestra esfera privada; el Estado es omnisciente y omnipresente. En el presente artículo observaremos como, contrario a lo que se pensaría, este es un fenómeno que se encuentra presente incluso en democracias avanzadas como el caso de Francia y Estados Unidos
Por concepción, el derecho penal ha sido creado con el objeto de castigar actos individuales o colectivos que tengan directa repercusión en el valor de seguridad que la sociedad ha decidido infundir en sus ciudadanos, ergo, es muy curioso observar como el Estado tiene un particular complejo de intervención hasta en el más natural de los escenarios de desarrollo y desfogue humano: la cama. En ciertos Estados de los Estados Unidos como Texas o Dakota del Norte, el sexo oral y anal está prohibido por ley; dos personas que voluntariamente acuerden realizar un intimo acto sexual podían ser multadas e inclusive ir a la cárcel. Más allá de la libertad individual, las sociedades han aceptado ponderar los valores morales del Estado, la intrusión en nuestra esfera privada, el paternalismo abnegado so pretexto del bien común.
Propongo analizar un tema de coyuntura en una democracia avanzada como la francesa. Allí, el gobierno socialista se propone presentar a finales de noviembre ante el Parlamento Francés, una ley que pretende sancionar con 1.500 Euros de multa a quienes paguen por servicios de prostitución, pudiendo está multa ascender a 3000 Euros en caso de reincidencia. Se ha manifestado que el objeto de la ley es limitar la prostitución e, idealmente, erradicarla lo cual podría recaer, en sí, en una gran inconsistencia filosófica, partiendo del hecho de que no se puede abolir algo que se ha integrado a la propia existencia y condición humana: la prostitución.
Ante este escenario, un grupo de intelectuales franceses han fundado el colectivo “343 Canallas” en cuyo manifiesto consta “Amamos la libertad, la literatura y la intimidad. Y cuando el Estado se ocupa de nuestras nalgas, las tres corren peligro. Hoy es la prostitución, mañana la pornografía. ¿Qué prohibirán después?”. Más allá de un análisis sensacionalista del tema es menester preguntarnos ¿Cuál es el límite de accionar legislativo en relación a la intromisión con nuestra esfera de privacidad e intimidad? ¿Por qué el Estado y los legisladores deben normar el placer, el deseo o los sentimientos internos de los ciudadanos?
Los valores éticos y morales deben pertenecer, estrictamente, al ámbito individual de cautela; un estado de derecho debe fundarse en base al respeto irrestricto de las libertades individuales y de la esfera privada. Cuando este principio es violado, el Estado falla en el pacto intrínseco de respeto a la mínima amplitud de discrecionalidad en nuestras vidas.
El aparataje estatal trata de generar objeciones en nuestra conciencia a partir de la ley y la imposición más allá de la ideología o el pensamiento personal. El ser humano debería, por su condición, permanecer en constante lucha por concebir un concepto y modelo de libertad viable, estrictamente adherido a los principios y valores individuales; una libertad lo suficientemente simple para ser entendida es demasiado impráctica para ser aplicada por una sociedad acostumbrada a la imposición de valores éticos y morales por parte del Estado. El compromiso que nos atañe es la continua búsqueda de esa relativa libertad, que a veces al ser ambigua se vuelve, en sí, más despejada para observar.