Alberto Molina
Quito, Ecuador
El 17 de septiembre de 1996, el Presidente Bucaram estableció la Comisión Verdad y Justicia, cuyo objetivo era investigar por lo menos 176 casos no resueltos de violaciones de Derechos Humanos (DD.HH.) cometidos en Ecuador desde 1979; esta Comisión quedó en nada con la caída de Bucaram. El 3 de mayo de 2007 el Presidente Correa, crea otra Comisión de la Verdad, con el objetivo de investigar violaciones a los DD.HH. direccionadas al gobierno de León Febres Cordero (1984-1988). Además de sus miembros titulares, se nombró un Comité de Soporte, que fue conformado por Mireya Cárdenas, quien formó parte activa de los subversivos, Clara Merino y Francisco Acosta, familiares de los miembros de AVC. Este comité a las claras tenía sus propios intereses, es decir se constituyeron en “jueces y parte”.
La Comisión de la Verdad debió revisar e incorporar como parte del proceso de investigación el libro “Ecuador: 1960-1990. Insurgencia, Democracia y Dictadura” del colombiano Darío Villamizar Herrera, representante del grupo subversivo M-19 y el libro “AVC. Revelaciones y Reflexiones sobre una Guerrilla Inconclusa”, cuyo autor es Juan Fernando Terán, miembro activo de AVC. En los dos libros se publican los testimonios, con lujo de detalles, de los miembros de AVC y otros grupos subversivos afines que cometieron asesinatos, asaltos, robo de armamento, secuestros, etc.
En los dos textos citados, los protagonistas declaran, cómo secuestraron, cómo obtuvieron el dinero en asaltos a bancos e instituciones del Estado, cómo asesinaron a agentes del orden, cómo hicieron contacto con otros grupos subversivos de otros países. A qué países viajaron para entrenarse militarmente; por otro lado, están las fuerzas del orden que tienen que defender al Estado y a sus instituciones, dotados de armamento, bajo el amparo de la ley, tienen la legítima obligación de usarlas para reprimir a las organizaciones delictivas, al margen de la ley, que quieren tomarse el poder a sangre y fuego.
Extraña e insólita la propuesta que se ha hecho en el seno de la Asamblea Nacional para crear un “Museo de la Memoria” para rendir homenaje a quienes trataron de socavar el imperio de la ley y la institucionalidad del país; además le condecoraron post mortem a uno de cabecillas del grupo subversivo AVC, refiriéndose al “heroísmo” y a la “lucha” de quien lideró ese movimiento armado al margen de la ley.
Más insólito es que a los estudiantes secundarios del Central Técnico que participaron en una manifestación y que terminó en desmanes, se les procese, con el argumento de un fiscal “que los procesados se rebelaron, se levantaron contra una orden de la autoridad y esa conducta grupal los eleva a cada uno a circunscribirse como autor del delito de rebelión”.
La ciudadanía se pregunta: ¿Los miembros de los grupos subversivos que formaron parte de AVC y los miembros de las FARC deben o no ser calificados de terroristas? ¿Por qué no convocar a una consulta popular?
Coronel (r) Alberto Molina Flores