Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador
Hay que sacar del debate al deshonrado Pedro Delgado, pues el propio fiscal general ha reconocido como cierto el intercambio de mensajes publicado el pasado 23 de diciembre en EXPRESO. Se trata ahora de juzgar su licitud.
El fiscal argumentó: «La gestión que hice fue decirle (a Delgado) que la empresa aseguraba que ya pagó su obligación. Le pedí que respete la ley». Para el fiscal, entonces, se trataba solo de «referir» inocentemente la solución de un caso que creía legal y justo (como la Fiscalía declara ser «referente ético al servicio de la sociedad y la justicia penal», bautizo a la defensa antedicha como «Doctrina de Referencia Ética»).
Supongamos que el postulado de la Doctrina de Referencia Ética es legalmente válido. Y supongamos (nadie lo ha desmentido) que lo declarado a EXPRESO por el gerente de Empagran, José Juez, es veraz (que las gestiones del fiscal general se produjeron por pedido de un hermano de este último, cercano a dicha empresa). Uniendo ambas suposiciones debemos entender que al menos en este caso la Doctrina de Referencia Ética fue puesta en marcha a pedido del citado hermano, de lo que surgen muchas interrogantes, ejemplo de las cuales son las siguientes:
¿Se ha creado en la Fiscalía (pese a no ser su función específica) algún departamento para receptar del público peticiones encaminadas a gestionar actos «justos» de otros altos cargos del Estado? ¿O la Doctrina de Referencia Ética solo funciona a impulso de hermanos, compadres, etc.? Y si fuese cierto esto último, ¿cuántas veces, y en qué casos, ha sido llevada a ejecución? ¿En cuántos con éxito? Y por último, ¿qué medidas ha tomado el referente ético para que los gestores no reciban pagos de los beneficiarios finales de la doctrina, por tratarse solo de ayudas o gestiones en asuntos de «justicia»?
Para encontrar respuestas a todo lo anterior hay que iniciar una investigación de campo; pero un buen comienzo es preguntar directamente al fiscal general, a quien cedo la palabra por si la quiere tomar.