Gonzalo Orellana
Londres, Reino Unido
Habrá muchos que quizás no lo sepan, pero todos los ecuatorianos somos accionistas. Se estarán preguntando de qué: pues de las empresas estatales. Pero ¿Qué significa ser accionista? Significa ser dueño de una empresa, con todas las atribuciones y responsabilidades que ello implica, entre las que están: elegir a quien gestiona la empresa, aprobar la estrategia de la compañía, recibir información regularmente sobre el desempeño de la misma, y participar en cualquier decisión importante de una entidad.
La lista de empresas públicas en Ecuador es larga y se ha incrementado considerablemente en el actual gobierno, en algunos casos porque se han creado nuevas empresas, en otros casos porque instituciones públicas pasaron a ser empresas (el caso del correo) o porque empresas que le pertenecían a un grupo específico pasaron a ser de todos (por ejemplo Tame). Para que tengamos una idea de las empresas de las que somos dueños los ecuatorianos, veamos una lista de algunas de las más representativas. Petroecuador y Petroamazonas, Enami, Tame, Banco del Pacifico, CNT, Flopec, Correos del Ecuador, empresas eléctricas, empresas de agua potable y hasta Yachay son todas estatales. Las industrias en las que operan son muy variadas, y el rango es enorme, desde uno de los bancos más grandes y la mayor empresa petrolera, a empresas que son poco más que el membrete pues apenas tienen actividad.
Aunque la existencia misma de empresas estatales es debatible, la realidad es que es casi imposible encontrar un país donde no existan; bien gestionadas pueden ser un importante impulso para la economía, o por el contrario convertirse en un agujero a través del cual se pierde el dinero de los contribuyentes. Las empresas estatales difieren o deberían diferir de las privadas únicamente en sus accionistas, pues su objetivo primordial es el mismo: proveer bienes o servicios, de la manera más eficiente posible y siendo sostenibles en el largo plazo. Bajo ningún concepto se debe pensar que una empresa estatal tiene justificación para perder dinero o que la incompetencia está permitida porque «lo que es de todos no es de nadie». La otra área donde no debe haber diferencias entre empresas estatales o privadas es en el trato que reciben por parte del Estado que, en su calidad de regulador, debería tratar a todas las empresas bajo los mismos parámetros, evitando privilegios o ventajas de las empresas estatal con respecto al resto de competidores.
A diferencia de un accionista de una empresa privada que tiene acceso a la información de su empresa, los ecuatorianos recibimos escasa o directamente nula información sobre nuestras empresas estatales. ¿Alguien sabe cuánto ganó o perdió el CNT o Flopec en el 2013? ¿Alguien sabe cómo se está cumpliendo la estrategia de expansión de Tame? ¿Sabemos si hay empresas estatales que generen perdidas y qué planes tienen para corregir su curso? Estas preguntas van dirigidas a los 14 millones de accionistas que no sólo no somos informados, sino que tampoco tenemos ninguna posibilidad de participar en la toma de decisiones.
Como accionista me gustaría ejercer mi derecho a solicitar información sobre el desempeño y la gestión de nuestras empresas estatales, pues salvo algunos casos contados como el Banco del Pacifico o Petroamazonas, que por su tamaño e importancia son mas transparentes, encontrar información actualizada y de calidad que nos permita analizar la evolución del resto de empresas estatales es prácticamente imposible. En otros lugares estas empresas tienen la obligación de rendir cuentas ante comisiones del Congreso o por lo menos de publicar en su página web sus balances, reportes etc, como de hecho hacen muchas empresas privadas.
También se podría considerar ir un paso más allá y convertir a las empresas estatales en empresas realmente públicas, permitiendo que parte de sus acciones coticen en las bolsas de valores, así como se ha hecho en otros países. Por ejemplo Petrobras, en la que cualquier ciudadano puede comprar acciones y por ende ser participe de las decisiones de la empresa. Bien podríamos considerar que algunas empresas estatales abran su capital, pues los beneficios serían varios: mayor transparencia de su gestión, opción de inversión para muchos ecuatorianos, entre los que podrían estar los empleados de dichas entidades, así como darles mayor autonomía a las empresas para financiar su crecimiento sin tener que pedirle dinero al gobierno. Habrá quienes digan que esto es una privatización, en absoluto, el estado puede conservar una participación mayoritaria, manteniendo el control de la compañía; adicionalmente se pueden crear mecanismos para asegurarse que nadie pueda comprar una cantidad excesiva de acciones, democratizando el acceso a dicha empresa.
En este mismo espacio he mencionado la importancia de que todos los ciudadanos entendamos que somos contribuyentes y debemos exigir que el dinero público se invierta de manera transparente y segura; adicionalmente como accionistas debemos exigirles a nuestras empresas eficiencia y profesionalismo, así como que nos permitan participar directamente en la toma de decisiones o que por lo menos nos rindan cuentas sobre su desempeño.