Quito, 9 abr (EFE).- El Gobierno de Ecuador solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revoque las medidas cautelares concedidas a tres personas imputadas por injuriar al presidente del país, Rafael Correa, informó hoy la Cancillería.
Con ese anuncio, el Gobierno ecuatoriano respondió a la solicitud que hiciera el pasado 24 de marzo la CIDH, cuando concedió esas medidas a favor del legislador opositor Cléver Jiménez, su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, condenados a penas de entre 6 y 18 meses de cárcel por injuriar a Correa.
La Cancillería señaló en un comunicado que el país ha respondido a la «ilegítima solicitud de la CIDH sobre medidas cautelares para tres personas condenadas por la Justicia ecuatoriana».
El texto precisó que el canciller ecuatoriano, Ricardo Patiño, anunció que su cartera «remitió su contestación» a la CIDH, en la que reiteró que ese organismo «no posee atribuciones, de conformidad al Derecho Internacional, para solicitar medidas cautelares».
«Ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni el Estatuto de la CIDH le han otorgado dicha facultad», remarcó la Cancillería ecuatoriana.
«Ecuador requiere a la Comisión revocar inmediatamente su ilegítima solicitud al Estado ecuatoriano para que adopte estas medidas a favor de los ciudadanos sentenciados por la Justicia ecuatoriana por el delito de injurias calumniosas», precisó el texto oficial difundido este miércoles.
Asimismo, el Ministerio de Exteriores señaló que en el caso de Jiménez, Figueroa y Villavicencio «la CIDH ni siquiera ha sustentado adecuadamente los requisitos de gravedad, urgencia y daño irreparable», que se requieren para sustentar el caso.
«El Gobierno ecuatoriano aclara que en este caso (de injurias contra Correa) se ha seguido el debido proceso judicial en todas las etapas y que esta situación nada tiene que ver con la libertad de expresión» en el país, agrega el texto.
«Este asunto nada tiene que ver con la libertad de expresión, como pretende la CIDH, sino que se trata de un caso de derecho penal» como resultado de una denuncia «maliciosa y temeraria» presentada por Jiménez, Villavicencio y Figueroa contra el mandatario del país, agrega el texto de la Cancillería.
Los imputados, en una denuncia presentada ante la Fiscalía, alegaron que el 30 de septiembre de 2010, durante la revuelta policial en la que Correa se mantuvo varias horas en el interior de un hospital hostigado por agentes sublevados, el mandatario se había trasladado a las instalaciones de una universidad cercana para planear su rescate y regresar luego a la casa de salud para ser liberado.
La Fiscalía no acogió la denuncia, a la que calificó de maliciosa y temeraria, por lo que Correa emprendió el juicio por injurias contra los tres.
Jiménez y Villavicencio fueron condenados a un año y medio de prisión, cada uno, y Figueroa a seis meses.
Esas personas solicitaron a la CIDH, organismo autónomo de la OEA con sede en Washington, las medidas cautelares, aduciendo una supuesta persecución política y violación de sus derechos.
Para el Gobierno ecuatoriano, la Comisión Interamericana «debe dar cuenta a la manifiesta mala fe por parte de los solicitantes de las medidas cautelares en lugar de realizar un análisis plagado de discrecionalidad política».
Por ello, el Estado de Ecuador señala que la CIDH «debe generar un balance real y no juzgar ‘in abstracto’ sobre la información proporcionada por los medios de comunicación interesados y los peticionarios de las medidas cautelares». EFE