Las cárceles venezolanas a las que se ha enviado a más de la mitad de los 180 estudiantes capturados por protesetar en las calles contra el régimen de Nicolás Maduro se encuentran entre las más peligrosas de América Latina y han sido descritas por Organizaciones No Gubernamentales como verdaderos «sucursales del infierno en la tierra», según un reporte publicado hoy por el diario estadounidense El Nuevo Herald.
Muchos de estos centros penitenciarios son controlados por bandas delincuenciales, cuyos líderes –conocidos localmente como Pranes– actúan como la máxima autoridad y frecuentemente deciden quiénes viven y quienes mueren, ha escrito el periodista Antonio María Delgado en un artículo publicado hoy.
“Muchos de los jóvenes están siendo trasladados a los centros penitenciarios comunes, como una manera de castigarles más”, comentó Patricia Andrade, directora de Venezuela Awareness, una ONG que aboga a favor de las víctimas de derechos humanos y los inmigrantes venezolanos.
“Otra de las tácticas que han comenzado a usar, y entendemos que con ello funcionarios del régimen estarían imitando las prácticas que ya son realizadas en Cuba, es que algunos de los detenidos están siendo llevados a penales ubicados a gran distancia de donde viven, para dificultar que sean visitados por sus seres queridos”, comentó.
Las cárceles venezolanas siempre han sido lugares muy peligrosos. Problemas como la superpoblación de internos, la ineficiencia de las cortes y la falta de programas de capacitación están presentes en el país desde hace décadas.
Pero la situación ha empeorado aceleradamente en los últimos años, dado al mayor descuido y desatención por parte de los gobiernos chavistas de los últimos 15 años.
“Las prisiones venezolanas están entre las más violentas de América Latina”, sentenció la ONG Human Rights Watch (HRW) en su informe del 2013.
“Una débil seguridad, una infraestructura en deterioro, la superpoblación, una cantidad insuficiente de guardias mal entrenados y la corrupción han permitido que bandas armadas tomen el control efectivo de las prisiones”, agregó el reporte.
El régimen de Maduro ha emprendido una feroz ola de represión en un intento por contener las protestas de la oposición venezolana contra su gobierno, que ya duran más de tres meses, con acciones que le han generado fuertes críticas de actores de la comunidad internacional.
La HRW, en un informe especial sobre la represión en Venezuela, dijo que el exceso de fuerza por parte de los agentes de la Guardia Nacional, la tortura de estudiantes detenidos y los asesinatos ejecutados por bandas paramilitares vinculadas al chavismo han dejado de ser hechos aislados.
Adicionalmente, el chavismo está haciendo uso de las cortes para intimidar a los manifestantes, acusando a miles con cargos que van desde incitación a la desobediencia, los daños violentos a la propiedad y asociación para delinquir hasta la ejecución de actos terroristas.
La gran mayoría de los detenidos han sido colocados bajo un régimen de libertad condicional, en los que deben abstenerse a participar en otras manifestaciones de protesta y deben presentarse cada cierto tiempo ante las autoridades.
Pero un selecto número de ellos enfrenta cargos más severos y permanecen tras las rejas, incluyendo algunos que no estaban manifestando en las calles.
Entre los detenidos también se encuentran líderes de la oposición, como el dirigente Leopoldo López, quien es acusado de haber incitado las manifestaciones como parte de una conspiración internacional para derrocar el régimen de Maduro, y abogados que han estado defendiendo a los imputados.
Entre los últimos se encuentra Marcelo Crovato, uno de los abogados de la ONG Foro Penal que fue acusado de conspirar para desestabilizar al régimen tras reunirse con un grupo de manifestantes detenidos.