Montevideo, 27 jun (EFE).- Uruguay rememoró hoy el 41 aniversario del golpe de Estado que el dictador Juan María Bordaberry dio el 27 de junio de 1973 y que fue el origen de una dictadura cívico-militar en el país, que se prolongó hasta 1985.
Diversas conferencias, transmisiones radiales, concentraciones y mesas de debate entre líderes sindicales, políticos y representantes de la sociedad civil recordaron este viernes en el país el aniversario del golpe que disolvió las dos cámaras del Parlamento.
Como resistencia al golpe de Estado y en oposición a la incipiente dictadura, el 27 de junio de 1973 dio inicio también una huelga general que se prolongó durante 15 días en medio de la represión.
Por todo ello, el 27 de junio se instauró en 2014 como el Día de la Resistencia y la Defensa de la Democracia, según una ley promulgada el pasado 16 de mayo, por lo que es la primera vez que la fecha adquiere un carácter oficial.
La jornada se dedicó a «rendir homenaje a quienes enfrentaron la dictadura y el terrorismo de Estado» para «enaltecer los valores democráticos y transmitirlos a otras generaciones», indicó a Efe Gastón Grisoni, coordinador de Crysol, la asociación de expresos políticos de Uruguay.
«La memoria tiene el gran sentido de impedir que los crímenes vuelvan a repetirse», enfatizó Grisoni, que cree que el Uruguay actual «aún no ha finalizado la transición a la democracia».
«Hasta que no se reconozca a las personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos, en los términos de verdad, justicia y reparación que señala la ONU, el país no habrá terminado su transición a un sistema democrático», argumentó.
Explicó, además, que «en Uruguay no hay un sólo procesado por torturas a los detenidos durante la dictadura», pese a que fue «una práctica común» dentro del terrorismo de Estado ejercido en aquella época.
Grisoni evidenció el «atraso» que padece Uruguay con respecto a los otros países de la región integrados en el llamado Plan Cóndor, el proyecto de coordinación de dictaduras militares en el Cono Sur durante los años setenta y ochenta.
«Uruguay aún no ha asumido públicamente la responsabilidad del Estado por las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura, como sí se ha hecho en Argentina y Chile», ilustró el representante de los expresos políticos uruguayos.
También denunció que la «gran herida» de la sociedad uruguaya es «esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos en la dictadura», que implica no sólo «encontrar sus restos», sino también «conocer las circunstancias de su detención y juzgar a los responsables».
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas que desaparecieron durante la dictadura en Uruguay, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200. EFE