BUENOS AIRES (AP) — El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, informó que una delegación argentina se reunirá el martes en Nueva York con el mediador en el conflicto del país con los bonistas litigantes que exigen cobrar 1.500 millones de dólares, en lo que constituye la recta final de la negociación para evitar un default.
Capitanich dijo a periodistas que la delegación que viajará el lunes para reunirse con Daniel Pollack, designado por el juez de Nueva York Thomas Griesa en las negociaciones con los fondos litigantes, está integrada por el secretario de Finanzas, Pablo López, el secretario Legal y Administrativo de la cartera de Hacienda, Federico Thea, y la Procuradora del Tesoro, Angelina Abbona.
La delegación argentina continuará un dialogo que establezca condiciones de negociación «justas, equitativas, legales y sustentables para el 100 por ciento de los bonistas» de la deuda, dijo Capitanich.
Asimismo negó que un posible default que se concretaría el 30 de julio pueda impactar en la economía y afirmó que «la disponibilidad de divisas (de más de 29.000 millones de dólares) está asegurada» por el «superávit de la balanza comercial» y por los proyectos de inversión que se firmaron con China recientemente.
El gobierno argentino ha pedido reiteradamente a Griesa que suspenda un fallo que obliga al país a pagar los 1.500 millones de dólares a los bonistas litigantes, los cuales rechazaron ingresar en los canjes de deuda efectuados por Argentina en 2005 y 2010 que implicaban grandes quitas sobre el valor nominal de los títulos, y que fueron aceptados por el 92,4% de los acreedores.
Argentina sostiene que la suspensión del fallo le permitiría cancelar obligaciones por 539 millones de dólares con los bonistas de los canjes y cuyo pago fue congelado por el juez neoyorquino el 30 de junio al considerar que no era viable si el país no paga al mismo tiempo y al contado a los litigantes lo que les adeuda.
El gobierno asegura que le es imposible cumplir con el pago a los llamados «fondos buitre» debido a que mantiene obligaciones legales con los tenedores que aceptaron los canjes incluidas en una cláusula que implican que Argentina no puede ofrecer de manera voluntaria a los litigantes mejores condiciones de pago que las que ofreció a los bonistas con títulos reestructurados. De gatillarse esa cláusula, que vence el 31 de diciembre, el país se enfrentaría a demandas por 120.000 millones de dólares.
Griesa se ha negado a conceder a Argentina lo que esta solicitó y ordenó que ambas partes sostengan negociaciones a contrarreloj con miras a alcanzar un acuerdo. El gobierno argentino declinó reunirse cara a cara con los llamados «fondos buitre» y en su lugar mantiene conversaciones con el mediador, Daniel Pollack.
Este último dijo en sendos comunicados que ha dejado en claro a la delegación argentina que está «disponible» en cualquier momento, en vista de la «gravedad» de la situación, y que instó al país a mantener conversaciones cara a cara con los litigantes, aunque precisó que «eso no ocurrirá mañana».
Si el juez no suspende el fallo o da alguna señal positiva autorizando que se haga efectivo el pago de los bonos reestructurados sin que cobren los litigantes, Argentina se encaminaría al default porque las negociaciones no tienen visos de avanzar, señalan algunos analistas.
Argentina «parece haber llegado a la conclusión de que entrar en cese de pagos hoy y renegociar más adelante sería la opción menos costosa», dijo Carlos Caicedo, de la consultora IHS Country Risk, quien sin embargo advirtió que el default retrasaría el acceso del país a los mercados financieros -a los que se acercó últimamente después de saldar deudas con organismos de crédito internacional- y provocaría una devaluación y un consiguiente incremento de la inflación.
Sería la segunda vez en los últimos trece años que Argentina declara un cese de pagos, después del de diciembre de 2001, cuando la economía colapsó. Economistas han señalado que en esta ocasión los efectos serían menos graves ya que el país, aunque entró en recesión, no sufre la grave caída de la economía de entonces.
Indicaron que el sistema financiero no tiene hoy la exposición crediticia al sector público que tenía en 2001 y que el gobierno se ha acostumbrado a financiarse con reservas y emisión del Banco Central.