Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador
La disposición general décimo cuarta del Código Orgánico Monetario y Financiero hizo entrar en vigencia el cobro del impuesto del 0.5 % a las operaciones de crédito con el fin de financiar a SOLCA. Las operaciones que recaudarán este impuesto serán créditos diferidos con tarjeta de crédito; de financiamiento; compra de cartera y descuentos de letras de cambio y operaciones de reporto con las entidades del sector financiero privado controladas por la Superintendencia de Bancos. También aplicará al financiamiento efectuado a los créditos vencidos que sean renovados, refinanciados o reestructurados.
Un impuesto a las operaciones de crédito encarece el financiamiento para los emprendedores y afecta a las familias que usan el crédito diferido como forma para financiar sus compras. Lo que se debería ofrecer son incentivos al sector privado para que contribuya con fondos en favor de las instituciones de derecho privado que realizan actividades tan loables como SOLCA. Lo mismo debería suceder si una empresa dona fondos para la investigación del cáncer, por ejemplo. La creación de un impuesto es un fracaso de la creatividad. En este caso, el gobierno ha trasladado al sector privado el compromiso que adquirió de respaldar económicamente a SOLCA, retomando un impuesto derogado y generando inestabilidad tributaria.
SOLCA nace en 1953 como una respuesta a la ineficiencia del Estado para atender la salud de los ecuatorianos. Más tarde, en la consulta popular del año 1995, se cimentó el monopolio del IESS. La medicina ecuatoriana podría funcionar mejor si adoptáramos el modelo chileno de afiliación obligatoria a empresas de medicina prepagada. Eso permitiría a cada empleado seleccionar la compañía que considere mejor para sus intereses. Lo mismo con las administradoras de fondos de pensiones. Una forma más rentable y segura que ahorrar en el IESS para la jubilación. Esa es la ventaja de la competencia: obliga a innovar para cuidar a los clientes. Los ecuatorianos ya probamos los beneficios de que el IESS derive a sus pacientes a hospitales privados. Muchos enfermos se benefician de aquello y el sector privado también. Si el IESS fuera buen pagador, habría un crecimiento de centros hospitalarios con atención de buena calidad, generando más impuestos y oferta. Son cambios que nos permitirían lograr el mismo buen vivir que disfrutan los trabajadores de Francia, Chile, Reino Unido y Canadá.