Washington, 27 oct (EFE).- La CIDH expresó hoy su preocupación por «lo que parece ser una crisis aguda de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador« y recibió denuncias de activistas que aseguran que «el poder judicial actúa como un brazo del Gobierno para silenciar las voces críticas» en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró dos audiencias sobre Ecuador durante la primera jornada de su 153 periodo de sesiones, ambas sin representantes del Gobierno de Rafael Correa, que se negó a enviar funcionarios a la cita.
En la primera de ellas, la relatora para Ecuador y para los pueblos indígenas en la CIDH, la comisionada Rose-Marie Belle Antoine, expresó su «grave preocupación» por las denuncias de acciones perjudiciales para las comunidades indígenas en ese país.
«Estamos ante lo que realmente parece ser una crisis aguda de los derechos de los pueblos indígenas en Ecuador«, sostuvo Antoine, que indicó a los activistas presentes en la audiencia que «no están solos y que la comisión hará lo posible para intentar que el Estado respete más los derechos de los pueblos indígenas».
Muchas de las denuncias en la audiencia se centraron en el caso del Parque Nacional Yasuní, una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo y que alberga en uno de sus vértices un gran yacimiento petrolero que el Gobierno ecuatoriano decidió el año pasado someter a explotación.
«Expresamos nuestra preocupación por la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana, especialmente en el Yasuní, algo que perjudica los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario», dijo Patricia Carrión, del colectivo Yasunidos.
Denunció que pese a la presentación de más de 750.000 firmas para pedir una consulta popular, «más del mínimo exigido en la Constitución», el Gobierno no la concedió.
«En ningún proyecto extractivo de Ecuador ha habido consulta previa. Por ello la resistencia de los pueblos. Y la respuesta es la criminalización de la protesta social», apuntó por su parte el presidente de los pueblos de la Confederación Kichwa de Ecuador (Ecuarunari), Carlos Pérez.
Los activistas denunciaron además la limitación en la administración de la justicia indígena, que tradicionalmente contaba con sus propias estructuras, y el cierre de escuelas bilingües que enseñan en la lengua de la comunidad en cuestión.
La segunda audiencia estuvo centrada en la independencia judicial en Ecuador y en ella varios activistas denunciaron que «el poder judicial actúa como un brazo del Gobierno para silenciar las voces políticas críticas» y «acallar a la prensa».
Las organizaciones pidieron a la CIDH que visite Ecuador para evaluar la situación de la Justicia ecuatoriana y que elabore un informe al respecto y abogaron por la depuración del Consejo de la Judicatura ecuatoriana.
Además, Santiago Guarderas, de la Universidad Católica de Quito, aseguró que la aplicación de la Ley de Comunicación vigente desde 2013 «ha significado un retroceso» en el país, «por ser inconstitucional y contener figuras que provocan autocensura en los medios de comunicación». EFE