Guatemala, 30 oct (EFE).- El Gobierno de Guatemala negó hoy que exista militarización en el país y aseguró que el Ejército solo apoya a la Policía Nacional Civil (PNC) en medidas de seguridad cuando la situación lo requiere.
«No hay en Guatemala ninguna política de militarización», afirmó a Efe el titular de la Secretaría de la Paz (Sepaz), Antonio Arenales, en respuesta a una alerta emitida en ese sentido por la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.
El funcionario explicó que él participó en la audiencia realizada en la CIDH hace dos días a petición de organismos de derechos humanos, entre ellos el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), donde «negamos que exista militarización».
Venezuela, Guatemala, Argentina y Canadá centraron las audiencias de la segunda jornada del 153 periodo de sesiones en la CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Arenales comentó que lo que existe en el país centroamericano es un apoyo militar a la PNC en combate al narcotráfico o las pandillas, pero que en la medida en que esa institución vaya aumentando su personal, su capacidad y tecnología, se irá reduciendo la participación del Ejército.
«El Gobierno actúa con base en la necesidad de la seguridad de la población, cuando la situación lo amerita el Ejército coopera pero bajo la coordinación de la autoridad civil», sostuvo.
El secretario de Paz aseguró que el Ejército «es la institución que más confianza» tiene entre la población y que su actuación siempre está apegada a la ley.
Comentó que existen ciertos «prejuicios» sobre la institución castrense y enfatizó que en este Gobierno «no hay ni han habido abusos durante los estados de prevención que se han decretado y que han sido mucho menos que anteriores gobiernos».
Aseguró que el presidente Otto Pérez Molina está al frente del Gobierno «por méritos propios y por capacidad» y no por el hecho de haber sido un militar (general).
Arenales dijo que los estados de prevención que se han decretado en Guatemala han sido para imponer orden y afirmó que cuando se registran capturas se respeta la ley y se realizan con órdenes judiciales.
Con el decreto de estado de prevención la población tiene restringidas las reuniones, manifestaciones públicas, la realización de espectáculos y el porte de armas de fuego.
El municipio de San Juan Sacatepéquez, en el oeste del país, está bajo esa medida desde septiembre pasado luego de una matanza de 11 indígenas perpetrada por un grupo de desconocidos.
Hasta ahora las fuerzas de seguridad han capturado a 6 de los 36 supuestos responsables de esa masacre.
La CIDH alertó de «la excesiva militarización» que vive Guatemala y cuyas «señales» se aprecian en la presencia de militares en las escuelas o en la declaración de cinco estados de excepción para atajar situaciones de conflictividad social.
Periodistas guatemaltecos denunciaron también ante la CIDH la «presión» y las «políticas extrajudiciales» de los funcionarios públicos, que «atacan» principalmente a los nuevos medios comunitarios no reconocidos por el Estado como prensa.
Según denunciaron dos asociaciones de abogados, Guatemala no hace esfuerzos «suficientes» para la detención de mandos militares sobre los que pesan órdenes de búsqueda y captura por violaciones de derechos humanos durante la guerra civil (1960-1996).
Estas organizaciones pidieron la captura y enjuiciamiento del exgeneral Luis Enrique Mendoza García, que desempeñaba el cargo de oficial de operaciones del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno militar del general José Efraín Ríos Montt.
Uno de los peticionarios afirmó que el exgeneral cobra una pensión militar, cuya solicitud debe de renovar todos los años ante el Estado, que «no hace nada» para capturarlo y juzgarlo. EFE