Susana González
Guayaquil, Ecuador
La Constitución de 1998 carecía de legitimidad, según Rafael Correa, porque fue redactada entre las cuatro paredes de un cuartel, lejos de la ciudadanía. Pero ahora, con la revolución ciudadana, la pertinencia de consultar a esa misma ciudadanía aún se decide entre cuatro paredes, solo que de un salón lujoso. A puerta cerrada, igualmente lejos del pueblo, la Corte Constitucional sesionó dos días en un hotel cinco estrellas de Guayaquil, para resolver que instaurar la reelección presidencial indefinida no necesita del pronunciamiento de los ecuatorianos.
En poco tiempo, la Constitución de Montecristi superará a la ‘Carta Negra’ de Gabriel García Moreno, que creó la posibilidad de que existieran dos mandatos presidenciales seguidos, con la opción de llegar hasta un tercero, pero sin que sea consecutivo. Dirán que es desproporcionado comparar ambas constituciones, porque en aquella de 1869 las facultades del Presidente llegaban al extremo de permitirle nombrar a los magistrados de la Corte Suprema. Se olvidan que con el gobierno actual existe un Consejo de la Judicatura presidido por el exsecretario particular de Correa y compuesto íntegramente por exfuncionarios de su confianza, que es el ente encargado de destituir y poner jueces en todo el país.
Con la reelección indefinida, el Ecuador estará a la misma altura de los regímenes de Cuba, Nicaragua o Venezuela que usan ese instrumento para consolidar sus proyectos de tinte totalitario. Correa, quien se auto define como progresista, también superará a Álvaro Uribe Vélez, expresidente colombiano criticado por sus posturas ultra conservadoras, quien quiso ser candidato presidencial por tres ocasiones seguidas. La Corte Constitucional de Colombia tumbó esa posibilidad porque aquello “desconoce algunos ejes estructurales de la Constitución Política como el principio de separación de los poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternación y períodos prestablecidos, el derecho de igualdad y el carácter general y abstracto de las leyes”. En Ecuador, para la Corte Constitucional, es democrático querer eternizarse en el cargo.
Un gobernante como Correa, acostumbrado a usar los bienes del Estado para promocionar sus tesis políticas y denigrar a sus oponentes, que cuenta con un gigantesco aparato mediático, que presiona constantemente a los otros poderes del Estado, acostumbrado a manejar la economía según los réditos electorales que pueda obtener y que no ha tenido autoridad de control que lo contradiga, es un candidato casi invencible. La decisión de la Corte Constitucional trituró el principio de equidad que todo Estado debe garantizar para la participación política de sus ciudadanos.
Ahora ya no se escucha a quienes desde el correísmo defendían la alternabilidad como principio democrático. Lo que sí se ha escuchado son las voces de quienes justifican las intenciones de Correa, principalmente a Gabriela Rivadeneira, quien casi no daba declaraciones desde que evidenció su triste visión de país con su frase “que los pobres coman pan y los ricos coman mierda”, pero que ahora es la defensora más entusiasta de la idea de que su líder se perpetúe en el cargo.
Probablemente ningún Presidente había tenido tanto poder. Los que criticaban a León Febres Cordero por rodear con tanques la máxima institución judicial, ahora ven cómo se mete la mano en la justicia sin ningún rubor. Aquellos que desde la izquierda más radical asaltaban bancos a nombre de una aspiración política, se convirtieron en los burócratas que defienden la concentración de poder para una sola persona. Informes como el de Human Rights Watch, que revelan las torturas contra manifestantes, desnudan a un gobierno que en su discurso habla de manos limpias e infinito amor. Nunca un gobernante había sido capaz de silenciar a la prensa.
Durante casi ocho años, el Ecuador ha vivido bajo el permanente acoso de la propaganda oficial, cadenas de difamación contra opositores y sabatinas cargadas de agravios contra quien no piensa igual a Correa. Es evidente que la estrategia no cambiará y que el país seguirá por el camino de la división y el maniqueísmo de quien quiere perpetuarse en la Presidencia de la República. Cuando no hay independencia ni contrapeso en las funciones y organismos de control del Estado, no existe democracia, sino un régimen totalitario que busca controlar a los demás, para que no lo controlen a él.