Lima, 12 nov (EFE).- Los familiares de las víctimas de la matanza de Putis, ocurrida en 1984 en la región andina de Ayacucho, en Perú, pidieron hoy al Gobierno de este país revelar la identidad de los militares que participaron en la ejecución de más de un centenar de personas.
A un mes de cumplirse treinta años del suceso, los representantes de la comunidad de Putis lamentaron hoy en conferencia de prensa que la investigación, que ya se prorroga trece años, solo haya implicado a cuatro altos cargos del Ejército, ya que denuncian que el Ministerio de Defensa les niega datos sobre los demás participantes.
En el acto participaron el presidente de la Asociación de Afectados por la Violencia Política de Putis, Sergio Condoray, el juez de paz de esa comunidad, Héctor Fernández, el abogado Milton Campos, el Defensor del Pueblo, Eduardo Vega, y la congresista Marisol Pérez, del Partido Popular Cristiano (PPC).
Campos, abogado de la organización Paz y Esperanza, explicó que la sala penal que investiga el caso solo tiene dos meses más para identificar al resto de participantes en la matanza antes de que la Fiscalía decida si denuncia a los militares presuntamente involucrados, entre los que figura el general Wilfredo Mori Orzo y tres oficiales más.
«Del resto de militares solo tenemos apelativos como el teniente Lalo, el capitán Bareta, o Lince (…), pues siempre que la Justicia solicitó los nombres de los militares asignados a las bases cercanas a Putis, la respuesta del ministerio de Defensa fue que, por los años transcurridos, ya no cuentan con esa información», contó.
Sin embargo, Milton Campos explicó que los datos existen porque uno de los militares retirados, que está en calidad de testigo, presentó su hoja de servicios de manera individualidad para demostrar que no estuvo asignado en Ayacucho en 1984.
Eduardo Vega corroboró la existencia de los documentos «porque hay planillas, y la relación de personal» y advirtió que la posible pérdida o destrucción de pruebas relacionadas con violaciones de los Derechos Humanos constituye un hecho inaceptable.
«Durante más de 20 años, se intentó negar la existencia de esta masacre. Pensábamos que la tragedia había concluido cuando se descubrieron las fosas, pero ahora empieza una nueva tragedia por la impunidad y el olvido», lamentó.
Por su parte, la congresista Marisol Pérez aseguró que no se pueden seguir archivando los casos en el Poder Judicial por la falta de información del Ejecutivo.
La matanza de Putis ocurrió el 13 de diciembre de 1984 cuando un grupo de militares ejecutó a 123 personas, la mayoría menores de 18 años, para después enterrarlas en una de las mayores fosas comunes halladas hasta el momento, que fue cavada por las propias víctimas bajo el engaño de construir una piscigranja.
El juez de paz de Putis aseguró que en su caserío están documentadas la muerte de 333 personas y la desaparición de otros 116 pobladores durante el conflicto interno.
«Después de 30 años, todavía no encontramos la justicia. No le dan importancia. Éramos niños, y nos hemos quedado sin educación y en muchos casos sin padres ni madres, pero así seguiremos luchando para encontrar la verdadera justicia», añadió.
Según el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), el conflicto interno de Perú causó alrededor de 69.000 muertos en todo el país entre 1980 y 1990. EFE