Un grupo de mujeres, integrantes de la Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres y de la Coalición Nacional, presentó ayer en la Corte Constitucional una demanda de inconstitucionalidad al decreto presidencial Ejecutivo 491, expedido el pasado 26 de noviembre, mediante el cual dispone que el manejo de la Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar y Prevención de Embarazos en Adolescentes (Enipla) sea dirigido por la asesora presidencial Mónica Hernández, lo que antes estaba a cargo de los ministerios de Salud, Coordinador de Desarrollo Social, de Educación y de Inclusión Económica y Social.
Estas mujeres aseguran que el decreto conculca derechos y atropella la institucionalidad pública. Rocío Rosero declaró que «este gobierno no tiene nada de socialista ya que si lo fuera, sería sensible en estos temas».