Cecilia Serrano, viceprefecta de El Oro, presentó ayer en la tarde una denuncia en la Fiscalía de Machala en contra del prefecto de esa provincia, Esteban Quirola, por discriminación y odio.
Quirola y Serrano fueron elegidos juntos por la alianza PSC-Suma, en febrero del año pasado.
Parte de la denuncia fue publicada hoy por diario Correo de Machala: “pongo en conocimiento a usted señor fiscal un sinnúmero de hechos que atentan contra mi integridad de mujer, de madre, de funcionaria pública, que me está acarreando un daño psicológico, discriminación, humillación, manipulación, aislamiento y hostigamiento, que vengo recibiendo en mis funciones por parte del Econ. Esteban Quirola, en calidad de Prefecto del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial de El Oro”.
“He presentado algunas sugerencias, algunas iniciativas, y no ha habido respuesta, no ha habido paso para ninguna de mis iniciativas, incluso se difundió un documento, una orden dirigida para todos los directores de los departamentos de que la Viceprefecta estaba prohibida de dar instrucciones”, declaró la funcionaria.
Señaló que al momento de requerir información sobre los distintos proyectos que realiza la Prefectura, ya sea avances de la ejecución, implementación y gastos contemplados en la Planificación Operativa 2014, estos le han sido denegados.
Serrano detalla que ha habido amenaza, violencia y maltrato verbal: “Por muchas ocasiones me he acercado a su despacho por estos actos detallados, recibiendo de su parte constantes amenazas”. La segunda autoridad provincial de El Oro afirma que con el pasar del tiempo se han deteriorado las relaciones entre ellos, por tal motivo, el pasado 26 de noviembre del 2014, solicitó una diligencia notarial para entregar documentos inherentes a sus funciones como consejera, a pesar de, – detalla la denuncia-, sentirse acosada e intimidada y bajo amenazas.
“Él se siente molesto, se siente incómodo, incluso llega a los extremos de botarme y agredirme, llegamos al extremo de amenazas, por ello dejo asentado en el oficio que cualquier cosa que nos pueda suceder a mi familia o a mi, lo responsabilizó directamente a él”.
«Todo esto, dijo Serrano, constituye un delito tipificado y sancionado por el Código Integral Penal en sus Art. 176 y Art.177 por el delito de discriminación y delito de odio».
La funcionaria también solicitó medidas de protección, boleta de auxilio y ser incluida en el Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía.