Susana González
Guayaquil, Ecuador
¿De qué sirve una Constitución garantista cuando no hay independencia en las funciones e instituciones del Estado? Desde 2008, el correísmo se encargó de tirar por la borda los avances que trajo la nueva Carta Política. Anuló el poder ciudadano al ponerlo bajo la tutela de un Consejo de Participación afín a sus intereses, los derechos a la naturaleza fueron convertidos en un saludo a la bandera a la hora de frenar la explotación petrolera en el Yasuní, mientras el derecho a tener medios de comunicación libres e independientes está impedido por entes de control alineados al gobierno.
En lo que tiene que ver con la guerra que el correísmo ha declarado a los medios, quizás el personaje más polémico sea Carlos Ochoa. Hace pocos días, impuso una sanción de cinco salarios mínimos a diario La Hora. El motivo fue la publicación de una carta abierta que cuestionaba a Rafael Correa, firmada por un conocido activista político. La excusa para ordenar el castigo, fue que dicha publicación estaba identificada como publicidad, lo cual, supuestamente inducía a la desinformación. La respuesta del medio de comunicación fue que el propio Ochoa no ha emitido un reglamento sobre este tipo de publicaciones y que además se trataba de un aviso pagado. Pero como era de esperarse, la sanción igual fue emitida.
El rotativo decidió declararse en resistencia, acogiéndose a lo que establece el artículo 98 de la Constitución. ¿Cuántas probabilidades hay de que alguna autoridad independiente proteja este derecho constitucional a un medio declarado como enemigo por el gobierno? Probablemente ninguna, en un país en el que a la justicia se le metió la mano y la independencia de poderes es considerado un discurso burgués.
Desde que Rafael Correa llegó al poder, Ochoa ha sido uno de sus más conspicuos seguidores. No solo dejó claro su alineamiento al gobierno mientras trabajó en el canal incautado Gama TV o cuando escribía columnas en el diario PP El Verdadero, sino que se ha hecho de la vista gorda frente a la cadena de insultos de los sábados, así como ante los constantes abusos que otros funcionarios cometen.
Con estos antecedentes, Ochoa sostiene que el derecho a la resistencia solo puede ser invocado después de agotadas todas las instancias administrativas. Lo que omite decir es que el correísmo creó un aparataje legal según el cual ninguna apelación detiene la ejecución de la sanción, con lo cual se consuma el abuso.
Sin embargo, tal vez Ochoa se percató de una particularidad: es la segunda vez que un medio de comunicación hace uso del derecho a la resistencia. El primero fue Ecuavisa, que se negó a transmitir ciertos videos realizados por la Secretaría de Comunicación, en los que se intentaba restar la credibilidad de reconocidos periodistas. Aquí surge una pregunta: ¿qué pasaría si todos quienes son objetivo de arbitrariedades adoptaran la misma postura de diario La Hora o Ecuavisa? Si a algo le teme el régimen, es a la desobediencia civil, que deja a la vista las incongruencias entre el discurso populista y el autoritarismo de sus actos.
La Ley de Comunicación no solo tiene artículos que pudieran ser inconstitucionales, sino que dio paso a la creación de dos organismos de control claramente alineados al poder político. Los resultados están a la vista: múltiples sanciones contra medios independientes, miles de dólares recaudados en multas y constante presión sobre los contenidos que se difunden.
El derecho a la resistencia no es una invención o dádiva otorgada por los legisladores constituyentes de Montecristi. Existe desde la aparición del ser humano, como respuesta natural frente a los atropellos. Desde los tiempos de la civilización griega, pasando por la Revolucion Francesa, hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos, está consignado como uno de los pilares para el ejercicio de la libertad de los ciudadanos.
La rebeldía se convierte en la única forma de detener la aplicación de normas y autoridades espurias. En el caso de Ecuador, tanto la Superintendencia, como el Consejo de Comunicación, están integrados por exfuncionarios del correísmo o personajes que públicamente han mostrado su afinidad al gobierno. Gandhi lo expresó de la siguiente manera: “Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer”.