María Dolores Miño
Quito, Ecuador
Tuve el honor de formar parte del equipo de personas que durante los últimos días trabajó para ayudar a Arianais Alezra a recuperar a su hijo Gaspard. La emotividad del hecho me impulsa hoy a compartir con ustedes lo que creo, ha sido un triunfo de la razón, de la solidaridad y del activismo ciudadano.
El seis de marzo el pequeño de dos años salió con su padre y desde entonces no se sabía nada de él. Este interpuso una demanda ante un juez de la niñez, quien sin otro argumento adicional a sus acusaciones infundadas acerca de la moral y la conducta sexual de Arianais, procedió a quitarle la custodia y dársela provisionalmente a sus abuelos paternos. Ella no fue notificada con la denuncia ni con la resolución; tampoco se le permitió presentar argumentos en contra. Afortunadamente, el 2 de abril la jueza Marlen Segura Reascos revocó esa decisión, restituyó la custodia a favor de la madre, y ordenó el retorno inmediato del menor.
En los días que siguieron, la organización Human Rights for All y un notable grupo de colaboradores profundamente comprometidos con la causa, fortalecimos la campaña en redes sociales para denunciar los hechos y encontrar a Gaspard. Se convocó a una rueda de prensa, y los medios se mostraron solidarios y abiertos a darle a Arianais (“Nana”, como le llaman sus amigos), espacios para dar su versión. La ciudadanía se sumó a la causa replicando la información en Twitter y Facebook, y usando esos espacios para expresar su repudio contra semejante injusticia. Al unísono, todos demandaban saber “¿Dónde está Gaspard?”. Finalmente, el 8 de abril el niño fue devuelto voluntariamente por sus abuelos paternos, y Nana pudo nuevamente reunirse con Gaspard. Ante esto, el Ministro del Interior advirtió en redes sociales que la investigación seguirá y que el proceso penal continuará hasta que se haya hecho justicia. Le tomamos la palabra.
Creo que el caso ha revelado lo mejor y lo peor de la sociedad ecuatoriana. Por un lado, resulta alarmante que en pleno siglo XXI un hombre medianamente educado como supongo que es el padre de Gaspard, sea capaz de afirmar públicamente que una mujer es “mala” o “inmoral” por no llevar una vida convencional, dedicarse al teatro, o simplemente no aceptar “la vida que él le ofrecía”. Lo único más vergonzoso que eso, es que un juez haya acogido semejantes criterios y sin otra prueba, peritaje o examen médico le haya privado al pequeño del derecho de no ser separado de su madre Afortunadamente, ese juez ya fue destituido por el CNJ.
El caso también probó que a veces, la razón puede más que la prepotencia. Miles de personas sumaron sus voces indignadas ante cada intento del padre de Gaspard y de sus apoderados legales de destruir la honra de Nana con su discurso machista, respondiendo con argumentos que iban desde la burla (¿cómo no hacerlo?) hasta la exigencia firme de que entregue al niño. Twitter y Facebook fueron espacios óptimos para este intercambio que poco a poco ejercía una presión irresistible tanto en las autoridades como en quienes tenían en su poder a Gaspard.
Lo mismo podemos decir de los medios de comunicación. Fue gracias a la masiva cobertura que dieron de la rueda de prensa del 6 de abril, y a los múltiples espacios que le ofrecieron a Nana para contar abiertamente su historia que la mayoría de ciudadanos se enteraron del hecho y se dio alerta a las autoridades. La prensa escrita, la radio y la televisión fueron cruciales para traer a la luz pública las irregularidades cometidas y fortalecer el importante debate que se dio alrededor de este tema.
¿Qué podemos concluir de todo esto? En primer lugar, resaltar el poder del activismo ciudadano como mecanismo para proteger derechos humanos. Estoy convencida de que las miles de muestras de indignación y rechazo en Facebook y Twitter contribuyeron para que quienes tenían retenido al niño entiendan la gravedad de sus acciones y eventualmente desistan de su intento de separarlo de Nana. Es fundamental por tanto, garantizar derecho a la libre expresión en Internet y particularmente en redes sociales, pues esto facilita el monitoreo ciudadano sobre este tipo de asuntos.
En esa misma línea, rescatar el papel fundamental que los medios de comunicación juegan para traer a la luz pública actos de arbitrariedad, abuso y corrupción. Lo que nos lleva a afirmar que solo una prensa fortalecida y libre de temores con respecto a la sensibilidad de unos pocos, podrá cumplir a cabalidad su función de fiscalizadora y garantista. No solo de los actos del poder público, sino también de aquellos cometidos por particulares que abusando de su posición económica o social, pretendan atropellar los derechos de otros más débiles.
Finalmente, destacar la diferencia que hizo el hecho de que miles de personas asumieran el problema de Nana como propio, reclamando y acompañándola en su cruzada. No solo demostramos que los ecuatorianos aún somos capaces de sentir empatía y protestar ante una injusticia (algo que desde hace rato no se veía en este país), sino que constatamos que una causa en la que la ciudadanía se involucra tiene más probabilidades de éxito. En nuestro caso, el contar con el respaldo público sirvió para acelerar la consecución de nuestro objetivo primario: recuperar a Gaspard.
Con esto, quienes trabajamos en derechos humanos debemos replantear nuestras estrategias de defensa. Solo trabajando en equipo y sensibilizando a la ciudadanía hasta el punto de lograr que se apersonen de cada causa garantizará que éstas se realicen. Si la excluimos, si limitamos este ejercicio a unas pocas personas u organizaciones, difícilmente se lograrán consolidar nuestras luchas. En este sentido, puedo afirmar que lo más valioso de esta experiencia fue constatar que ante la injusticia, la arbitrariedad y la prepotencia, la mejor arma que tenemos es la solidaridad.
(O)