Fabricio Villamar Jácome
Quito, Ecuador
A los ocho años de coincidencias, yo ya no les creo.
Hay una casualidad reincidente entre la aprobación de leyes con contenidos lesivos a los intereses de las mayorías y las vísperas de feriados, los viajes presidenciales o cualquier evento que pueda rivalizar con la noticia de que la mayoría de Alianza País en la Asamblea aprobó otra vez alguna iniciativa de Carondelet.
Esta semana en la que el discurso del Presidente en la Cumbre de las Américas resultó inoportuno e intrascendente, en que entre el Banco de Desarrollo del Ecuador y el Municipio de Quito se trenzan en una disputa sobre el tamaño de la publicidad de la entidad financiera en los nuevos buses de la Capital o si los recursos fueron legalmente utilizados, semana en la que la Honorable Asamblea Nacional decidió que el Estado no aportará a los fondos de jubilación, semana en la que el Ministro de Industrias y ex presidente del IESS presenta su renuncia y es aceptada, en que la bancada de legisladores de Avanza (movimiento de dicho ex Ministro) da su primer grito de independencia sin ir a trabajar, justo ésta semana, hay una amenaza contra la vida del Presidente de la República.
Ruego a las lectoras perdonen la reminiscencia de una frase ciertamente machista de mi ciudad en la que los antiguos solían decir: “En el cielo de Quito, cojera de perro y lágrima de mujer no hay que creer”.
La amenaza de muerte a Rafael es cojera de perro.
Un modelo de Gobierno que restringe el anonimato, que exige declaración del patrimonio de los ciudadanos, que prohíbe que se hagan máscaras de fin de año con la imagen del Presidente, que tiene por obsesión el culto a la majestad del Jefe de Estado, que prohibió el porte de armas de fuego a los ciudadanos, que goza de una racha de coincidencias entre lo que quiere en las cortes judiciales y lo que ellas determinan no puede tener dudas si alguien amenaza la vida del que encabeza este cúmulo de patriotas de manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes.
Se informó que el poseedor del teléfono del que se emitió el mensaje de la amenaza estaba en un radio de quinientos metros del ágape en el que se alimentarían cuerpos y almas de quienes iban a departir con el señor Presidente, lo cual demuestra la habilidad del Estado de rastrear llamadas o ubicar teléfonos y ciudadanos, y además la sorprendente capacidad de ofrecer festines en las dificultades económicas que atraviesa el Ecuador.
Aparentemente hay un detenido. Casi me atrevo a pensar que si el ciudadano es profesor, la culpa de la amenaza de magnicidio recaerá sobre el MPD, si el dueño del teléfono es ex militar podría ser un acto de Sociedad Patriótica, si tiene un pequeño negocio la responsabilidad se endilgará a la burguesía y si trabajaba para una exportadora de flores, el acto execrable tal vez fue orquestado por la CIA.
Las mías son sólo elucubraciones. Confiaré en la eficiente Fiscalía General del Estado la determinación de los actores materiales, cómplices, encubridores, iter criminis y demás. Me reservo el derecho de creerles o no, como me reservo el derecho de creer que lo que pasó el día siguiente del 29 S. fue un acto de desestabilización del Gobierno.
Me solidarizo con el Presidente: la amenaza a su integridad física ni siquiera fue acompañada de un ramo de flores.
Espero que su abultado, dispendioso y agresivo cuerpo de guardaespaldas, agentes, militares, choferes y comensales de Carondelet lo proteja de un mal fin. Espero que termine su mandato y que todos recordemos que fue en el Gobierno de Rafael Correa Delgado que se desmanteló el derecho a una jubilación digna para los ecuatorianos. Al menos yo lo recordaré siempre.