El Presidente Rafael Correa ha dicho la noche del domingo que su gobierno no se dejará amedrentar por «las amenazas de ciertos sectores empresariales de mudar sus industrias a otros países» tras el envío de un proyecto de impuestos a las herencias, que bajo e nombre de Ley para las Redistribución de la Riqueza, hizo la noche del viernes, con el carácter de urgencia económica.
Correa reiteró su argumento de que el proyecto está diseñado para no afectar a las clases media ni pobre y cuestionó el “miedo” que según él se pretende imponer a esos estratos sociales por parte de lo que describió como actores políticos y medios de comunicación de oposición.
En una entrevista con un panel de analistas, en la que participó el prestigioso columnista de El Universo, Walter Spurrier, y que fue difundida por los medios estatales e incautados, Correa insistió en que la normativa no es confiscatoria sino redistributiva de la riqueza.
“Ahora le dicen al panadero, a la costurera que le vamos a quitar su empresa familiar, lo cual es irresponsable, insulta la inteligencia (…) Este impuesto no está diseñado para afectar a los pobres y clases media”, cuestionó Correa, citado por la agencia oficial Andes, al insistir que en el último año apenas 3 de cada 100.000 ecuatorianos obtuvo una herencia superior a 50.000 dólares y solo 5 de 16 millones de ecuatorianos recibieron una herencia de 1 millón de dólares.
En ese contexto, insistió en que la acumulación de los medios de producción en pocas familias ha sido la principal fuente histórica de inequidad en Latinoamérica. En el caso de Ecuador, dijo, las grandes empresas están en manos de apenas el 2% de familias.
“Ahora resulta que nos quieren hacer creer que las dinastías son buenas. Solo el 2% de las familias controlan grandes empresas, donde el 100% de las acciones pertenece a una sola familia y es una de las mayores fuentes de inequidad en América Latina”, expresó.
La propuesta, que deberá aprobar o rechazar el Parlamento en el plazo de treinta días, determina que las herencias de hasta 35.400 dólares (100 Salarios Básicos Unificados) tendrán un 0% de impuestos; las herencias entre 35.400 a 70.800 (de 100 a 200 SBU), 2.5%; de 70.800 hasta 141.600 (200 a 400 SBU), 7.5%; de 141.600 a 283.200 (400 a 800 SBU), 17.5%; de 283.200 a 566.400 (800 a 1600 SBU), 32.5%; y de 566.400 en adelante, 47.5%, en caso de que los herederos sea directos.
El proyecto distingue entre herederos directos e indirectos. Son directos los hijos y los cónyuges. La máxima tasa a cobrar a un heredero indirecto, por ejemplo un nieto cuyo padre no haya muerto, es de 77.5%.
Correa señaló que uno de los puntos que según él se usan para manipular la propuesta es que no se diferencia que las imposiciones son progresivas y se utilizan las tasas marginales (que alcanza al 47,5% para herederos directos) para confundir a los ciudadanos que es la tasa efectiva que van a pagar.
Además reiteró que la norma no grava la sociedad conyugal y contiene exenciones en herencias de viviendas, de hijos menores de edad o con discapacidades.
El presidente dijo que la propuesta también tiene un componente ideológico de justicia y equidad y señaló que, desde su punto de vista, el debate ha revelado a quienes quieren el país del neoliberalismo que lo llevó a la peor crisis de su historia o un país donde el Estado recupere su rol de redistribuidor de la riqueza.
Por otro lado, Correa se refirió a la disposición de la Superintendencia de Bancos para que las entidades financieras entreguen información relativa a retiros que superen los 5 mil dólares. El presidente dijo que se enteró de esta medida por medio del periódico y que inmediatamente llamó al Superintendente para preguntarle qué era lo que había sucedido. La disposición se tomó en virtud de que se detectó que un usuario de la banca retiraba una cantidad similar continuamente y esos extraños movimiento motivaron que se lo investigue por lavado de activos. El mandatario considera que esa medida puede prevenir la comisión de ese delito y, además, dijo que no entiende la sorpresa ante esta obligación ya que los bancos entregan permanentemente esa información a entes internacionales. (I)