La Comisión de Fiscalización y Control Político inició el análisis de la gestión del Consejo de Participación Ciudadana, cuyos integrantes comparecieron ante el organismo para explicar el trabajo desarrollado en relación a las competencias de control desde marzo del 2010 hasta la presente fecha.
Entre los asambleístas hubo preocupación por la falta de un informe individual por parte de cada uno de los integrantes del organismo, considerando que lo hicieron en representación de la institución en un solo documento. En ese sentido, la Comisión resolvió apoyar la moción de Montgómery Sánchez de solicitar las explicaciones por escrito a cada uno de los vocales, a fin de tener mayores insumos para la investigación.
La presidenta de la Comisión, María José Carrión, destacó que la idea del organismo parlamentario es visibilizar los procesos que se generan en las entidades públicas que tienen la función de la lucha contra la corrupción y distinguir en qué están fallando. Lo que a nosotros nos interesa es ver qué procesos permiten mejorar la calidad en las actuaciones en estas instituciones, porque nuestro desafío es determinar si los mismos están cumpliendo sus roles, si están de acuerdo con los mandatos de la Constitución, si se necesitan reformas legales para perfeccionarlos, entre otros retos, aseveró.
Por su parte, los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se comprometieron a entregar la información que sea requerida, incluso Luis Pachala y Mónica Banegas lo hicieron en ese momento. En cambio, Fernando Cedeño, presidente del organismo, propuso ampliar y disgregar las explicaciones concedidas en la comparecencia, pero aclaró que esa acción no se la realizó porque en las investigaciones se encuentran articuladas otras instituciones como la Fiscalía y la Contraloría General del Estado.
El presidente de la CPCCS solicitó que desde el legislativo se impulse una reforma la Ley Orgánica de Participación Ciudadana para que el Consejo tenga facultad para actuar de oficio.
En cuanto al informe, Cedeño destacó que las competencias han ido encaminadas a respetar la jerarquía de las leyes para garantizar el derecho a la participación y al control social. De esta manera dijo que el control social se ha ejercido mediante 393 veedurías, 620 defensorías comunitarias, 424 comités de usuarios y usuarias y 9 observatorios. Sobre estos últimos manifestó que su número es más reducido por cuanto se trata de entes especializados.
En cambio, para entender el control social se han desarrollado 104 escuelas de formación ciudadana e intercambio de saberes, 79 procesos de deliberación pública, 214 asambleas locales ciudadanas y 951 procesos de sensibilización con los gobiernos autónomos descentralizados (Gad), según informó el titular del CPCCS.
Sobre el acompañamiento a la rendición de cuentas de las autoridades, concebidas por el consejo como un proceso en el que las instituciones están obligadas a entregarlas y como una exigibilidad por parte la ciudadanía, Cedeño informó que se han recibido 237 informes en el 2010; 242 en el 2011; 1 410 en el 212; 7014 en el 2013; y, 6 422 en el sistema informático del 2014. Los informes del último año se refieren a los entregados en línea, es decir, de las instituciones que tienen el sistema de internet para hacerlo. Las autoridades que no han entregado estos requerimientos legales fueron reportadas a la Contraloría, afirmó el funcionario.
Así mismo, resaltó como un logro el índice de transparencia pública, que sirve para mejorar las prácticas, saber cómo actuar y desechar a la improvisación. En esas cifras se destaca que ha existido un 17,31 % de acceso a la información, un 7,42 % de participación ciudadana y control social, un 12,24 % de rendición de cuentas y un 15,46 % de gestión institucional.
En lo relacionado a los expedientes de investigación resueltos por el pleno del CPCCS, el presidente expuso que desde el 2010 hasta el 2015 se han emitido 558 resoluciones y 20 casos se encuentran en trámite de investigación. Esta explicación fue la que más inquietudes generó sobre la ponencia. El legislador Víctor Medina cuestionó la falta de información sobre cuántos de esos procesos tienen responsabilidades civiles, penales o administrativas. Dijo que esos son insumos que le permiten a la Comisión de Fiscalización realizar un seguimiento de los casos en otras instituciones como la Contraloría y Fiscalía.
El criterio unánime de los legisladores presentes fue requerir información más detallada a los vocales de la CPCCS, sobre todo de manera individual. Los vocales representan a diferentes agrupaciones de la sociedad, fueron elegidos de manera personal y el accionar particular es responsabilidad de cada uno de los miembros, enfatizó la asambleísta Marisol Peñafiel. (I)