Los pueblos de la Cordillera del Cóndor, en la amazonía ecuatoriana, han entregado un mandato a los marchantes que han empezado a dirigirse hoy hasta Quito desde Tundayme, en el corazón de Zamora Chinchipe, en cuyo primer punto está el lograr el archivo de las enmiendas constitucionales que se discuten en la Asamblea Nacional y que plantean la reelección indefinida.
El segundo punto de las demandas es la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana. El resto de metas propuestas son lograr «la soberanía alimenetaria y el respeto a los derechos de la naturaleza», «la educación intercultural bilingüe y el libre acceso a la educación superior», «la no explotación petrolera en el Yasuní». la derogatoria del Decreto 16, que controla a las organizaciones sociales, así como del Decreto 813, que regula las renuncias obligatorias del sector público.
La última de las demandas es la restitución de la obligación estatal de aportar con el 40% de las pensiones jubilares de la seguridad social.
Una fuente de la Conaie dijo ayer a Efe que «una buena parte de los dirigentes del movimiento indígena se encontraban en Girón», (provincia del Azuay), donde se realizó el Consejo Político de Pachakutik, brazo político de la Conaie. Desde allí viajaron anoche hasta el cantón el Pangui, para trasladarse esta mañana a la parroquia Tundayme, centro del enfrentamiento con el proyecto minero Mirador, y donde el año pasado fue asesinado el dirigente indígena José Tendetza, quien se oponía a la concesión a empresas chinas.
Antes de empezar la marcha, se ha realizado una ceremonia ancestral que ha estado llena de simbolismos. Se ha encendido un fuego, y luego se han adentrado en las correntosas aguas del río Quini para invocar a los espíritus de la cordillera protección para la marcha.
El presidente de la Conaie, Jorge Herrera, dijo el viernes a Efe que prevén que el recorrido culmine el 13 de agosto en Quito.
Herrera señaló que el próximo 10 de agosto se producirá «la declaratoria a nivel de todo el país del gran levantamiento de los pueblos del Ecuador«, que se traducirá en manifestaciones en diferentes partes de la nación, si bien dentro del sector indígena existen grupos que apoyan al gobierno y han anunciado que no secundaran las movilizaciones.
Los indígenas reclaman por asuntos relacionados con la educación, entre ellos la bilingüe, y con aspectos del modelo económico, y exigen el archivo de las enmiendas constitucionales que se tramitan en el Parlamento, como la «reelección indefinida», que, de aprobarse, permitiría al presidente Rafael Correa presentarse como candidato a una nueva reelección en los comicios de 2017.
Herrera apuntó que la manifestación indígena se unirá a la paralización de actividades que han convocado gremios de obreros para el próximo 13 de agosto.
El vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, dijo ayer en el informe semanal de labores del Ejecutivo, que la población tiene derecho a manifestarse pero recordó que la paralización de servicios públicos está prohibida por la ley.
Asimismo, comentó que no se debe interrumpir el paso por las carreteras ni destruirlas e insistió en que el país requiere un diálogo profundo en torno al tipo de sociedad en que quieren vivir los ecuatorianos.
El Ejecutivo convocó a ese diálogo en junio pasado cuando estallaron manifestaciones en contra del envío a estudio en el Parlamento de dos proyectos de ley para elevar impuestos a las herencias y la plusvalía.
El retiro temporal de esos proyectos de ley no frenó las protestas, que han disminuido en fuerza y cantidad pero han ampliado su ámbito a diversos aspectos de la administración de Correa.
